Provinciales

El Gobierno de Córdoba será querellante en la causa nacional por fentanilo

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El ministro de Salud de la provincia de Córdoba afirmó que “las ampollas contaminadas del fentanilo están fuera de circulación”. Ricardo Pieckenstainer sostuvo en una conferencia de prensa que el distrito “no tiene ningún caso reportado en la Justicia”.

El ministro explicó a Cadena 3 que, desde que se emitió la alerta, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Farmacia y la Dirección de Epidemiología, informó a todas las instituciones públicas y privadas de la provincia mediante el Comité de Infectología y el Departamento de Epidemiología.

También confirmó que la Provincia se constituyó como querellante en la causa nacional que investiga el caso.

“Nos aseguramos de que la información llegara absolutamente a todo el mundo por las vías habituales”, afirmó.

Tras la notificación inicial, y ante la ausencia de reportes de casos salvo dos hechos públicos el 6 de agosto, el Ministerio presentó un pedido formal al Juzgado N° 3 de La Plata, solicitando información sobre la posible presencia del lote 31-202 en dependencias privadas de Córdoba.

El 11 de agosto, el juzgado confirmó que la provincia no adquirió dicho lote, lo que otorgó “certeza” de que no hay casos para reportar en Córdoba. Además, se proporcionó un listado de 18 instituciones privadas, identificadas por el laboratorio HLV Pharma, que podrían haber adquirido el lote según su libro de ventas.

El 12 de agosto, la Dirección de Farmacia realizó un relevamiento exhaustivo de todas las dosis de fentanilo adquiridas en la provincia. El ministro instruyó personalmente a la Dirección para que visitara las 18 farmacias señaladas por el juzgado, con el objetivo de verificar cuántas ampollas fueron adquiridas, utilizadas, aplicadas a pacientes o segregadas para custodia judicial.

“Hemos pedido a estas instituciones que notifiquen cualquier caso sospechoso o positivo, conforme a las indicaciones del boletín de epidemiología de la Nación y el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)”, señaló.

El ministro aclaró que, como autoridad sanitaria, no tiene acceso directo a las historias clínicas de instituciones privadas ni la potestad para investigarlas, pero sí la responsabilidad de coordinar con el juzgado y las instituciones para garantizar que se reporten los casos.