Salud

. Histórico: la oposición volteó el primer veto de Milei y dejó firme la Emergencia en Discapacidad

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El Congreso le dio un nocaut al primer veto de la era Milei. En su mayor demostración de fuerza en lo que va de la gestión libertaria, la oposición ratificó con más de dos tercios del Senado la ley que declaró la emergencia en discapacidad, y completó así el trámite iniciado en la Cámara de Diputados. El resultado, que obliga al presidente a promulgar la norma, agudizó la crisis de un gobierno sospechado de corrupción en el sector y llega a días de una elección que La Libertad Avanza pelea voto a voto con el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires.

La oposición logró la hazaña con 63 votos afirmativos, cifra que superó con holgura la mayoría requerida por la Constitución. Fueron de Unión por la Patria, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y otros partidos provinciales. Los votos en contra fueron apenas 7: 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y otro socio oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni. Hubo solo 2 ausentes

El tablero dominado por el verde, color asignado a los votos afirmativos, fue una impactante muestra de cómo el apoyo de bloques aliados se le escurrió al oficialismo como arena entre los dedos. Ni siquiera el PRO, aliado a los libertarios en provincia y Ciudad de Buenos Aires, ni los radicales de Mendoza y Chaco, distritos donde también cerraron acuerdos electorales, acompañaron al Gobierno en la cruzada.

Otra señal de pérdida de apoyo la dio un senador que el año pasado fue clave para la aprobación de la Ley Bases, el santacruceño Jose María Carambia, que le habló a Milei casi en tono de amenaza: “Esperemos que aplique esta ley como corresponde y que no haga ningún artilugio legal para no aplicarla. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”.

imagen dentro de la notaEl Senado volteó el veto de Milei y sostuvo la Emergencia en Discapacidad. (Gentileza)

El éxito de la oposición fue una combinación de tres grandes factores: un reclamo que sacó de la invisibilidad a las personas con discapacidad, un interés transversal del arco no oficialista, y la oportuna aparición de audios que revelan coimas en el sistema y sumaron motivos para anular el veto. El resultado quedará en la historia: es la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial. La última fue en 2003, en el final de la presidencia de Eduardo Duhalde.

Milei recibió la noticia desde Estados Unidos, adonde viajó para reunirse con inversores. En un clima de resignación absoluta, La Libertad Avanza no hizo nada para revertir la derrota. No solo eso: ningún senador del oficialismo defendió el veto en el recinto. El líder, Ezequiel Atauche, se bajó de los cierres de bloque. “El resultado ya estaba cantado”, argumentaron en la bancada.

El voto cordobés

Los representantes cordobeses no dieron lugar a sorpresas. Tal como se esperaba, un sensibilizado Luis Juez votó contra el veto. Había decidido no hablar en la sesión ante el “castigo” que, dice, recibió en su última intervención. Pero a último momento, rompió el reglamento y pidió la palabra para dar un breve mensaje de agradecimiento en nombre de su familia, por “haberle dado visibilidad a un tema que pretende ser escondido”.

En cambio, su par Álvarez Rivero no dudó en acompañar al oficialismo, aunque lo hizo con un llamado de atención. “No acompaño la ley porque ya tenemos ley y esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución todos estos meses. Necesitamos gestión”, aseguró, y le pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, que otorgue “hoy mismo” un aumento a los prestadores de servicios. Algo que, según comentó, reclama “desde enero”.

Por el contrario, la peronista Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se opuso al veto, al igual que Juez. “El sistema de apoyo a las personas con discapacidad está colapsado: pagos bajos y demorados a trabajadores y proveedores de servicios; a los talleres protegidos, que pagan en promedio $28.000 por mes; a los acompañantes terapéuticos, que cobran $3.000 la hora y a veces con seis meses de demora; a los transportistas, que reciben tres veces menos de lo que hoy cuesta un litro de nafta. La discapacidad no es una entelequia, tiene números”, sentenció.

Coimas y “censura previa”

Los senadores kirchneristas colgaron de sus bancas carteles dibujados por personas con discapacidad, pidiendo rechazar el veto. Y en los discursos, se despacharon contra el Gobierno por el supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El jefe de Unión por la Patria, José Mayans, anunció antes de ingresar al recinto que irán por la interpelación de la secretaria general de Presidencia en el recinto.

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El senador Sergio Leavy (Unión por la Patria-Salta) fue otro de los que colocó un cartel en su banca (Foto: Comunicación Senado)

Otra senadora del bloque, la fueguina Cristina López, sugirió “hacer un proyecto de ley para financiar la ANDIS sacándole el 3% a los más ricos”, y propuso llamarlo “Impuesto Karina”. “Mientras una persona con discapacidad cobra $280.000 por mes, un funcionario libertario cobra coimas de $800.000 por mes. Hay que ser muy miserable, perverso, cruel, corrupto… muy ‘hdp’ para robarle plata a los discapacitados”, lanzó la senadora en una de las intervenciones más picantes.

Martín Lousteau (UCR) también se refirió a los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. “Cuando alguien paga una coima es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son del 28%. Entonces resulta que hay plata pero se compran medicamentos más claros y después hay una parte que va a coimas… entonces, plata hay. No solo eso: la Suizo Argentina, acusada de pagar las coimas, multiplicó por 31 sus ventas al Estado”.

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El Senado volteó el veto de Milei y sostuvo la Emergencia en Discapacidad. (Gentileza)

Antes del debate del veto, la oposición dedicó la primera parte de la sesión a denunciar “censura previa” por la prohibición de difundir los audios de las coimas. Mayans subió la apuesta y pidió iniciarle el juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber promovido la denuncia ante la Justicia, donde además pidió allanar domicilios de periodistas. Por su parte, la radical Carolina Losada, que fue periodista, pidió defender la libertad de expresión “nos guste o no el Gobierno”, pero evitó ir contra Milei o Bullrich.

LA VOZ