Conflicto docente. Llaryora entrega la tercera oferta y busca un acuerdo con la UEPC
Luego del fin de semana largo, pero sobre todo después del paro de 48 horas de la semana pasada, el Gobierno provincial y la UEPC volverán a sentarse a negociar este miércoles. Será el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, quien lleve a la mesa la tercera oferta salarial de la gestión del gobernador Martín Llaryora.
La nueva propuesta incorpora uno de los principales reclamos que surgieron de la asamblea docente cuando se rechazó el segundo ofrecimiento oficial: eliminar la variable de la evolución de la recaudación provincial en el cálculo de los aumentos salariales.
Ese fue, desde el inicio de la negociación, el punto más controvertido de las propuestas llaryoristas. En el segundo intento hubo apenas una modificación: la cláusula comenzaba a regir recién desde junio. Ahora, directamente, sería retirada de manera definitiva por todo el año.
Los demás ejes del ofrecimiento ya estaban sobre la mesa. Entre ellos, la continuidad del Fonid (Fondo de Incentivo Docente), aunque el foco de la discusión sigue puesto en el mecanismo de actualización.
El gremio insiste en que los incrementos deben ser mensuales y atados a la inflación. Por ahora, no está claro si el Gobierno estará dispuesto a avanzar en ese sentido en esta nueva instancia.
En paralelo, aparece otro punto sensible: el Fosaet, el descuento que se aplica para financiar la Apross y que representa unos 40 mil pesos mensuales para un docente con 22 horas cátedra. La Provincia estaría dispuesta a suspenderlo durante todo el año, una medida largamente reclamada por las bases docentes.
Además, el Ejecutivo apuesta a sumar un gesto adicional con un plan de alivio para los docentes endeudados con la tarjeta Cordobesa del Banco de Córdoba. La propuesta incluirá planes de pago con una tasa del 73% anual, en cuotas fijas que podrían extenderse entre 12 y 60 meses.
En el Centro Cívico aseguran que más de la mitad de los docentes mantiene deudas con la entidad oficial. Sin embargo, en la asamblea provincial surgieron fuertes cuestionamientos: muchos delegados sostienen que este tipo de refinanciación no puede computarse como parte de la paritaria, ya que solo beneficia a quienes están endeudados con el banco provincial. Más que un aumento salarial, lo ven como un gesto político del Gobierno.
