Crisis económica. Provincias contra las cuerdas: menos ingresos, más gastos y conflictividad en alza

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reunió a su gabinete hace 10 días para trasladar una visión muy crítica de la evolución de las cuentas públicas. Advirtió sobre un empeoramiento sostenido de los ingresos. Puso en funcionamiento un mecanismo de visado adicional del gasto de cada ministerio y alertó sobre la situación social. Una semana después presentó una oferta salarial superadora a los docentes: la conflictividad gremial también preocupa en El Panal.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jueves reunió a los 135 intendentes bonaerenses para anunciar la presentación de la octava demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto «robo» de los recursos provinciales por parte de la Nación. Exhibió cálculos impactantes: sostuvo que Buenos Aires perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por obras públicas suman más de 15 billones de pesos. Ambos conceptos equivalen a la mitad del presupuesto bonaerense.

Las escenas de fragilidad fiscal se reiteran en casi todo el mapa, a excepción de las provincias que perciben regalías hidrocarburíferas. También crece la dificultad para el cierre del acuerdo salarial con los docentes en la mayor parte de las jurisdicciones. En Santa Fe y Jujuy hubo conflictos salariales con la policía.

El pago de los sueldos provinciales en cuotas comenzó en Tucumán y se extiende, y hay provincias donde todavía no se completó el medio aguinaldo de diciembre. En Misiones se postergó el ingreso de cadetes del Servicio Penitenciario y la compra de vehículos para todas las áreas por falta de presupuesto. La Rioja está en default desde 2024 y la retracción del gasto estatal impacta a tal punto en la actividad económica que esa provincia lidera el cierre de empresas.

Las provincias son perdedoras netas en el modelo de Javier Milei, que en simultáneo bajó el gasto nacional en territorio provincial, redujo los envíos por coparticipación por la caída de recaudación nacional y achicó las transferencias no automáticas. La abrupta caída de la actividad económica en las provincias más pobladas también pulverizó los ingresos propios: Córdoba en febrero tuvo una caída real de su recaudación propia del 15%, mientras que la coparticipación bajó 8%.

Hay 13 provincias, entre ellas Córdoba, donde el problema es más grave porque Anses retiene los recursos que –por ley– debe enviar a las cajas de jubilaciones, mientras las provincias deben cumplir con el pago a los jubilados. Aún cuando en mayo suba a $ 10 mil millones el pago a cuenta a la Provincia acordado en el marco de una conciliación en la Corte Suprema, se estima que la cifra equivale a menos de un tercio de lo que debería girar la Nación.

Además, la retracción del Estado nacional traslada a las provincias el costo de los servicios que son abandonados por la administración Milei. En Córdoba, esto ocurrió con los subsidios al transporte, el incentivo docente, la realización de obras viales como la ruta 19 o prestaciones a la discapacidad que debió reemplazar la provincia. En los últimos meses, además, crece la atención de jubilados nacionales en los hospitales provinciales y municipales, debido a las falencias crecientes en la atención del Pami.

Así, el ajuste fiscal de la administración Milei se “federaliza” de hecho. Los números del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) lo muestran con claridad: entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la reducción acumulada de envíos automáticos de la Nación a todas las provincias y a Caba –básicamente, la coparticipación– fue de 5.558 millones de dólares. A provincia de Córdoba, solo por esa vía, le faltan unos 550 millones de dólares.

Las transferencias no automáticas se redujeron todavía más. Siempre según los cálculos del economista Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, el recorte acumulado en ese concepto desde el inicio de la gestión Milei llega a los 12.880 millones de dólares para todas las provincias. La ciudad de Buenos Aires, en cambio, recibió 700 millones de dólares extras en el concepto y el mismo período.

«Cuando se consideran todos los envíos nacionales a las provincias, la reducción en lo que va de la gestión de Javier Milei acumula unos 18.500 millones de dólares», explicó Argañaraz.

En el caso de las transferencias no automáticas, a la merma de recursos se le suma una discrecionalidad creciente, que varias provincias interpretan como discriminación lisa y llana. Esto se observa con claridad en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En 2025 Milei repartió 207 mil millones de pesos en ese concepto: Tucumán recibió varios envíos por un total de 35 mil millones de pesos, las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, Chaco Neuquén, Catamarca y Chubut recibieron entre 16 mil y 19 mil millones, Córdoba está entre las nueve jurisdicciones que no recibieron un peso en todo el año pasado.

Tampoco hubo ATN para Córdoba en 2026. En lo que va del año, la Nación ya distribuyó ATN por 74 mil millones de pesos: Corrientes ya recibió tres envíos por un total de 14.000 millones, Misiones recibió dos ATN por un total de 9.500 millones y Salta también recibió dos, por 7.500 millones. Les siguen Mendoza (7.000 millones), Chubut (6.500 millones), Entre Ríos (6.000 millones), Jujuy (5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén (4.000 millones en cada caso) y Catamarca (2.500 millones).

La distribución de los fondos es eminentemente política: una respuesta transaccional, casi automática tras el acompañamiento de los gobernadores en el Congreso. El «no hay plata» ya no rige para todos, y la controversia política crece, sin que la Corte Suprema de Justicia avance con determinación en ninguna de las decenas de demandas de las provincias que se acumulan contra la Nación. Cuando más, el Alto Cuerpo propicia audiencias de conciliación.

En 2023, al momento de la llegada de Milei, la Nación tenía un déficit de 4,4 puntos del PBI y las provincias tenían un superávit de 0,3 punto. «En 2024 el ajuste nacional fue muy fuerte, pero el ajuste también se sintió en las provincias, que mejoraron su posición fiscal licuando sueldos y jubilaciones. En 2025 los gobernadores enfrentaron demandas salariales fuertes y hubo una suba real en esos sueldos y jubilaciones, con lo que se quedaron sin ahorros. En 2026 la situación es compleja y depende mucho del acceso a financiamiento, porque además se agrava la caída de la coparticipación y de los ingresos propios», explicó Argañaraz.

En Córdoba está claro que la administración Llaryora se cubrió las espaldas con emisiones internacionales de deuda, tanto en 2025 como en 2026. En junio del año pasado tomó 725 millones de dólares a pagar en siete años y en enero pasado emitió un bono a nueve años por 800 millones de dólares. En ambos casos, fue la primera provincia en salir al mercado, con autorización de la Nación. Esas autorizaciones para tomar deuda fueron las principales «ayudas» de Milei a Córdoba.

«Este año va a ser clave y conflictivo a la vez; las provincias ya no pueden ajustar tanto como en 2024 ni gastar «demás» como en 2025. Ahora se verá la inteligencia o no de los responsables de las cuentas públicas provinciales porque van a tener que administrar la escasez más que nunca”, analizó Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.

En este contexto de caída sostenida de ingresos, ¿cuán lejos o cerca se está del escenario 2001, caracterizado por la emisión de cuasimodenas por parte de alguna provincia? Pegoraro aclara: “Estamos lejos aún, si partimos de la base de que por entonces los bonos mayormente se emitieron para el pago de sueldos. Hoy las provincias siguen teniendo opciones que no estaban en 2001, como deuda o recortes fuertes de otros gastos de consumo o inversión. Esto sería problemático, pero evitaría recurrir a medidas extremas”, indicó.

Y agrega: “Sí es posible ver emisión de bonos (no cuasi monedas, sino títulos públicos) para pagar a proveedores de modo de no romper la cadena de pagos ni la prestación de servicios”. Para el analista, lo “positivo” es que hay muchos pesos en el mercado; a diferencia de 2001. Si bien no sería saludable, si las provincias necesitan liquidez pueden ir al mercado a tomarlos. “Claro esta, sigue siendo pan para hoy y hambre para mañana”, remata.

LA VOZ