Clínicas cordobesas advierten que las demoras en los pagos de Pami ponen en riesgo el sistema

La demora en los pagos y el desfasaje de aranceles de Pami profundizan la crisis del sistema de salud en Córdoba, como en el país, con clínicas que aseguran trabajar a pérdida, acumulando deuda y con riesgo creciente sobre la continuidad de las prestaciones.

El impacto ya se refleja en cierres, restricciones en la atención y mayor presión sobre el sector público.

Sin embargo, desde el Pami nacional dijeron a este medio que no había deudas con los prestadores de esta provincia, salvo las corrientes, correspondientes al último mes.

La desaparición de clinicas privadas en Córdoba, sobre todo en el interior, es un fenómeno que lleva más dos décadas. Pero advierten que en este escenario se acentuará aún más.

Según explicó a La Voz Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba (Aclisa), la situación con la obra social de jubilados nacionales “no es un caso aislado” sino el resultado de un problema estructural que se arrastra desde hace al menos dos años.

“Los valores de PAMI están muy por detrás de los costos reales, con atrasos que en muchos casos superan el 100%, en un contexto de aumentos permanentes”, señaló. En paralelo, las entidades del sector advirtieron formalmente a las autoridades nacionales sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” que compromete la continuidad de la atención médica.

El principal problema, coinciden prestadores y cámaras, es la ruptura en la cadena de pagos. A esto se suma el esquema actual de liquidación, que implica el desdoblamiento de la facturación mensual. “Esto impacta directamente en la operatoria y en el cumplimiento de obligaciones”, sostuvo Escuti.

En la práctica, las clínicas aseguran que están financiando el sistema. Argumentan que continúan brindando servicios sin contar con ingresos acordes a los costos, lo que genera un endeudamiento progresivo.

El escenario se agrava por la dinámica inflacionaria. Mientras los costos del sector –insumos, salarios y honorarios– aumentaron de forma sostenida, los ingresos prestacionales evolucionaron muy por debajo.

A este cuadro se suma un dato estructural que expone la dimensión de la crisis. Las clínicas y sanatorios privados de Córdoba advierten que están al borde del colapso: hoy quedan aproximadamente unos 90 establecimientos en toda la provincia, cuando en el año 2000 había 405.

Esto implica una reducción del 78% de la infraestructura privada en poco más de 25 años, con una concentración creciente en la ciudad de Córdoba y una retracción muy marcada en el interior provincial.

Las consecuencias ya son visibles en distintos puntos de la provincia. Uno de los casos más recientes es el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, que obligó a más de 5.000 afiliados de Pami a trasladarse hasta Villa María, a unos 120 kilómetros, para recibir atención de cierta complejidad.

El fenómeno no es nuevo en el interior cordobés, donde históricamente los pacientes deben viajar hacia ciudades cabecera para acceder a servicios de salud. Sin embargo, la crisis actual amplifica esa situación.

Además, comienzan a registrarse restricciones en la atención. “Hoy muchos afiliados encuentran la leyenda ‘sin cupo’, lo que reduce la atención efectiva”, explicó Escuti.

Este tipo de limitaciones no sólo afecta la accesibilidad, sino también la evolución de los pacientes. Desde el sector advierten que la postergación de consultas y tratamientos ya empieza a deteriorar cuadros clínicos, en un escenario que recuerda a lo ocurrido durante la pandemia

La dependencia del sistema privado respecto de Pami y de la seguridad social agrava el cuadro. Alrededor del 70% de las instituciones tiene vínculo directo o indirecto con este financiamiento. Esto implica que cualquier alteración en los pagos impacta de forma inmediata en toda la red prestacional.

“Hoy está en riesgo no solo el equilibrio económico de los prestadores, sino también la continuidad efectiva de la atención médica”, advirtió Escuti.

Desde las cámaras empresarias también remarcaron que el sector privado cuenta con una capacidad de camas superior a la del sistema público, lo que dificulta que este último pueda absorber la demanda en caso de una caída de servicios.

En ese contexto, el problema deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en una cuestión sanitaria, con impacto directo en una población particularmente vulnerable como los jubilados.

La crisis se da en un contexto de fuerte desigualdad en la distribución de recursos humanos en salud dentro de la provincia. El 63% de los médicos trabaja en la ciudad de Córdoba, donde reside el 39% de la población. En el caso de especialistas, la concentración es aún mayor: entre el 65% y el 70% se desempeña en la Capital.

Esto genera un doble problema en el interior: menos oferta de profesionales y mayor dependencia de un sistema que hoy muestra signos de deterioro. Las diferencias también se reflejan en la tasa de médicos por habitante. Mientras en la Capital hay 8,4 profesionales cada mil habitantes, en regiones como Pocho ese número cae a 0,7.

En este escenario, la reducción de clínicas y servicios impacta con mayor fuerza en las zonas más alejadas, donde la red privada ya es limitada.

Ante este panorama, las entidades que agrupan a clínicas y sanatorios solicitaron medidas urgentes para recomponer el sistema. Entre los principales pedidos figuran la normalización del circuito de pagos, la actualización de aranceles acorde a los costos y la implementación de mecanismos automáticos de ajuste.

También plantean la necesidad de previsibilidad para planificar financieramente y evitar un deterioro mayor. “La persistencia de este escenario implica trasladar el impacto hacia los prestadores, los equipos de salud y, en última instancia, hacia los beneficiarios”, advirtieron desde el sector.

Ante la consulta de La Voz, desde el organismo, sostienen que no existe deuda histórica con clínicas privadas de la provincia y que los pagos se vienen realizando dentro de los plazos establecidos.

Según esa posición, lo que aún no fue abonado corresponde a facturación corriente y no a atrasos acumulados. En ese marco, afirman que Pami está cumpliendo con los cronogramas de pago vigentes y que no mantiene deudas precedentes con ninguna institución privada de Córdoba.

Mientras la respuesta de Pami es que no mantienen deudas con las clinicas, salvo las corrientes del último mes, una fuente del sector empresarial marcó: “A las clínicas Pami no les adeuda más de un mes, pero con un solo mes impago puede cerrar una institución”.

E insisten en su advertencia: sin correcciones en el corto plazo, el deterioro será progresivo. La advertencia apunta a un efecto en cadena que no sólo afectaría al sector privado, sino que también trasladaría la demanda al sistema público de salud, ya tensionado.

“A las clínicas Pami no les adeuda más de un mes, pero con un solo mes impago puede cerrar una institución”, señalaron desde el sector. El diagnóstico es coincidente: sin correcciones en el corto plazo, el deterioro será progresivo.

La advertencia apunta a un efecto en cadena que no sólo afectaría al sector privado, sino que también trasladaría la demanda al sistema público, ya tensionado.

LA VOZ