Justicia. Nueva Ley Penal Juvenil: qué cambia desde este sábado para los adolescentes de 14 y 15 años en Córdoba
Desde este sábado, un adolescente de 14 o 15 años acusado de cometer un delito en Córdoba ingresará a un sistema penal del que hasta ahora quedaba excluido por su edad.
Ese es uno de los cambios más importantes que trae la nueva Ley Penal Juvenil nacional y que, al adherir, obligó a la Provincia a adaptar su propia legislación.
La normativa nacional generó una fuerte controvesia, con sectores que- amparándose en la normativa internacional- criticaban esta respuesta punitivista a un problema que –sostenían– debía tratarse de otra manera, sin privación de la libertad de chicos de entre 14 y 16 años.
En el Congreso nacional resultó aprobada y en la Legislatura provincial se avaló esta semana la actualización de la Ley Procesal Penal Juvenil 11.035, sancionada en 2025, al nuevo régimen nacional 27.801. El sistema cordobés abarcará ahora a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, con una finalidad que la propia norma define en términos de responsabilización, formación y reintegración social.
Córdoba es, según destacó la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, la primera jurisdicción del país que adecuó su normativa procesal al nuevo régimen nacional.
Qué puede pasar desde los 14 años
La modificación no supone que todos los adolescentes acusados de un delito vayan a ser privados de su libertad. La legislación establece un procedimiento especializado y un abanico de respuestas que deberán definirse según el hecho, las circunstancias y la situación particular de cada adolescente. Eso lo etsablecerá el juez que juzgue la causa.
La Senaf tendrá a su cargo buena parte de la aplicación administrativa: los programas socioeducativos, las prácticas de justicia restaurativa, los centros de alojamiento y la articulación con municipios, comunas, escuelas, organizaciones sociales y áreas de salud.
La privación de la libertad deberá ser excepcional, de último recurso y por el plazo más breve posible. La ley prioriza medidas socioeducativas, prácticas restaurativas y alternativas orientadas a que el adolescente comprenda la gravedad de sus actos y pueda sostener su educación y reintegración en su entorno.
Entre las herramientas previstas aparecen el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, la asistencia a la escuela, programas de formación ciudadana y capacitación laboral, actividades deportivas o culturales, tratamientos médicos o psicológicos y servicios a la comunidad.
Entre las herramientas previstas aparecen el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, la asistencia a la escuela, programas de formación ciudadana y capacitación laboral, actividades deportivas o culturales, tratamientos médicos o psicológicos y servicios a la comunidad.
“Córdoba ha salido de la discusión falsa entre garantismo y punitivismo”, sostuvo Montero al explicar el esquema. La funcionaria planteó que el desafío es combinar consecuencias frente al delito con intervenciones que permitan reducir nuevas transgresiones.
Cómo se prepara Córdoba
La aplicación de la nueva franja etaria también obliga a reorganizar los dispositivos provinciales.
Montero explicó a La Voz que la puesta en marcha de las medidas que dependen del Poder Ejecutivo “ya está iniciada”. Entre ellas mencionó el comienzo de las obras del campus Papa Francisco, dentro del predio del Complejo Esperanza, con una inversión provincial de $18 mil millones, además de nuevas obras vinculadas con sistemas de escaneo y seguridad.
La funcionaria remarcó que durante el último año también se amplió la oferta de talleres dentro del Complejo Esperanza y se construyó infraestructura para aumentar esas actividades.
Según detalló, actualmente prácticamente todos los adolescentes alojados están escolarizados y tienen la obligación de participar en al menos dos talleres.
Además, Córdoba ya venía trabajando con un dispositivo específico para adolescentes menores de 16 años que, bajo la legislación anterior, no eran punibles. Esos equipos y espacios diferenciados servirán ahora como base para recibir a la nueva franja de 14 y 15 años que pasa a quedar alcanzada por el régimen penal.
“En la infraestructura nuestra y en el trabajo con ellos hay equipos técnicos diferenciados y hay espacio diferenciado. Córdoba ya está adelantada y tiene esa cuestión resuelta”, explicó Montero.
También anticipó que la Provincia trabaja en una capacitación específica para quienes tienen a su cargo el cuidado cotidiano de los adolescentes y que evalúa avanzar en una diplomatura para el personal que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley penal
Las víctimas también tendrán participación
La reforma refuerza además el lugar de las víctimas. Deberán recibir información durante el proceso y ser escuchadas antes de determinadas decisiones que puedan afectar su seguridad, como el cese de medidas privativas de libertad. Su participación en instancias de mediación o justicia restaurativa será voluntaria.
El texto provincial incorpora específicamente en este punto los derechos establecidos por la denominada Ley Joaquín.
Ante la consulta de La Voz sobre qué sucede en aquellos casos en los que se juzgue un delito federal la funcionaria respondió: «Hasta ahora Córdoba no tuvo adolescentes menores de 16 años detenidos por causas de ese tipo y que, si se presentara un caso, se articularía con la Justicia Federal».
LA VOZ