El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, dio a conocer las distintas gestiones que realiza la institución ante la crisis de salud y discapacidad. Desde el área de Inclusión Social se realizaron distintas intervenciones, gestiones y acciones de articulación institucional destinadas a garantizar el acceso efectivo a prestaciones, tratamientos, medicamentos, insumos y servicios para personas con discapacidad.
Estas gestiones tienen como principal objetivo garantizar derechos, brindar acompañamiento a las personas y sus familias, agilizar trámites y contribuir a la resolución de situaciones que presentan dificultades ante los organismos correspondientes.
“Las 1.200 intervenciones que realizamos de marzo a septiembre de este año, muestran una realidad concreta: detrás de cada trámite demorado y cada prestación que no llega hay una persona cuyo derecho a la salud está siendo vulnerado. Este escenario responde directamente al desfinanciamiento económico y al deterioro administrativo impuestos por el Gobierno Nacional sobre el sistema de atención a las personas con discapacidad”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto,Carlos Galoppo.
En este contexto de discusión sobre el futuro de la discapacidad en Argentina, el Área de Inclusión Social de la institución destacó las principales acciones desarrolladas durante los últimos meses:
Gestiones ante Incluir Salud: se realizaron múltiples diligencias para acelerar la entrega de medicamentos de alto costo y la autorización de prótesis frente a demoras de 4 a 9 meses.
Ingreso a centros de rehabilitación: se agilizaron altas de beneficiarios y autorizaciones para el ingreso a centros de rehabilitación y centros de día, que registraban entre 9 y 14 meses de atraso.
Acompañamiento a prestadores: se articuló con el Área de Legales de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) para posibilitar que los centros prestadores puedan percibir pagos correspondientes a períodos adeudados desde el 2025 en adelante.
Pensiones No Contributivas: se brindó asistencia en trámites y se articuló con la Justicia Federal de Córdoba para presentar amparos judiciales ante demoras de entre 2 y 3 años en la resolución de beneficios.
Trámites y turnos médicos: se agilizaron los turnos para juntas laborales y legales mediante el sistema SISALUD, se orientó en el inicio de la pensión por trasplantado junto a Anses y ECODAIC, y se asistió para la obtención de implantes cocleares.
Afiliaciones y seguimiento: se gestionó la incorporación de beneficiarios al programa Incluir Salud, se asesoró sobre residencias para adultos mayores y se hizo el seguimiento de trámites y expedientes digitales en hospitales públicos.
Articulación con hospitales y ministerios: se coordinó con Juntas de Discapacidad y el Ministerio de Salud provincial para facilitar el acceso a tratamientos, gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), medicamentos oncológicos ante la DINADIC (Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria), pases de transporte interurbano y la Tarjeta Social para Celíacos.
Acción territorial con municipios y comunas: se gestionaron mejoras habitacionales, módulos alimentarios y sanitarios adaptados; y se brindó orientación sobre procedimientos de judicialización destinados a la protección de personas con discapacidad mental severa y vulnerabilidad extrema.
|
Derecho a la salud: de la demanda a la respuesta
|
|
|
La Defensoría del Pueblo provincial ejecutó un esquema articulado de acompañamiento ciudadano enfocado en la resolución de trabas burocráticas, agilización de prestaciones médicas y resguardo del derecho a la salud de las personas con discapacidad.
Sobre las 1.200 intervenciones, 620 corresponden a Pensiones No Contributivas (PNC) en las que se hizo seguimiento de expedientes, trámites de agilización, presentación formal de la documentación médica complementaria requerida por las auditorías médicas.
Otros 315 casos pertenecen al Programa Federal Incluir Salud que implicó el monitoreo de expedientes y aceleración en los tiempos de entrega para medicamentos esenciales, de alto costo y prótesis. Además, la gestión de nuevas afiliaciones al programa federal y la agilización de altas para el ingreso de beneficiarios a centros de día y centros de rehabilitación.
En cuanto al Certificado Único de Discapacidad, se atendieron 265 casos que demandaron asesoramiento técnico-legal sobre los requisitos y alcance del certificado, así como orientación, gestión y agilización de turnos médicos; y consultas orientadas a la prórroga de certificaciones vencidas o por vencer.
En relación a la solicitudes de prótesis, se atendieron 56 casos por consultas en el estado de los expedientes y el tiempo de otorgamiento.
Sobre la provisión de medicamentos de alto costo y oncológicos, se receptaron 64 casos vinculados al seguimiento de expedientes ante la DINADIC y su agilización ante el Ministerio de Salud de la Nación.
|
|
|
