IVE e ILE. Aborto legal: Córdoba registró nueve mil interrupciones en 2025, un número estable en los últimos años

A más de cinco años de la legalización del aborto en Argentina, la cantidad de interrupciones realizadas en el sistema público se mantiene relativamente estable.

Durante 2025, Córdoba registró 9.341 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) en el sistema público de salud. Fue uno de los registros más altos del país: sólo la provincia de Buenos Aires, con 41.446, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.458 situaciones asistidas, informaron cifras superiores.

El dato forma parte del nuevo reporte anual de Proyecto Mirar, que relevó cómo se sostuvo el acceso al aborto en Argentina durante 2025 y parte de 2026, a más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610.

El informe muestra un escenario particular: la cantidad de interrupciones y de efectores se mantuvo relativamente estable, pese a que el Estado nacional discontinuó la compra de insumos y 13 provincias debieron sostenerlos con presupuesto propio.

Así lo muestra el nuevo reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) junto con Ibis Reproductive Health, que relevó la situación del acceso al aborto durante 2025 y parte de 2026. El trabajo se difundió este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

Durante 2025 se informaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) en el sector público de 20 provincias, una cifra sin cambios significativos respecto de 2024 para las mismas jurisdicciones.

La tasa estimada fue de 7,45 abortos cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023, cuando había sido de 7,49.

Córdoba ocupa un lugar relevante en ese mapa. Con 9.341 interrupciones registradas durante 2025, fue la tercera jurisdicción con mayor número absoluto, detrás de la provincia de Buenos Aires, con 41.446, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que informó 9.458 situaciones asistidas. Entre las tres concentran el 72% de las IVE e ILE informadas y el 53% de la población de mujeres en edad fértil.

“Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, explicó Mariana Romero, médica epidemióloga, investigadora del Cedes y de Conicet.

Otro de los datos que muestra cierta estabilidad es la cantidad de establecimientos públicos que garantizan el acceso. El informe contabilizó 1.846 efectores en 19 provincias, frente a los 1.862 registrados en 2023. En Córdoba fueron 237.

Además, en 14 de las 15 provincias que informaron el nivel de complejidad, al menos el 70% de los establecimientos pertenecen al primer nivel de atención.

Para las investigadoras, la cercanía de esos centros facilita las consultas tempranas: 11 jurisdicciones reportaron que alrededor del 90% de los abortos se realizaron dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

La mayoría de las prácticas continúan realizándose con medicamentos, mientras que la aspiración manual endouterina (Ameu) presenta un uso mucho menor.

El informe también muestra algunos déficits de acceso: sólo seis de las 16 jurisdicciones relevadas disponen de un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico para brindar información sobre IVE e ILE. Y en la línea nacional 0800 Salud Sexual, la mayoría de las comunicaciones vinculadas con aborto fueron para reportar barreras en el acceso a los servicios.

La principal advertencia del informe aparece al observar quién está financiando los insumos necesarios para sostener estas prestaciones.

Frente a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar las compras, 13 provincias utilizaron presupuesto propio para adquirir insumos para abortos seguros: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

“Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”, señaló Romero.

El ajuste alcanza además a la política anticonceptiva. Entre 2023 y 2026, el gasto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 57%.

Según las estimaciones del reporte, la población cubierta con anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones de personas en 2024 a una proyección de apenas 63 mil en 2026: una reducción del 93%.

El escenario presupuestario contrasta con la estabilidad del marco jurídico. Durante 2025 y 2026, se presentaron 75 proyectos vinculados con el tema; algunos buscaron limitar la aplicación de la Ley 27.610 en Buenos Aires y en Santa Fe, pero ninguno llegó a obtener dictamen ni tratamiento en el recinto.

Desde la aprobación de la norma, además, se iniciaron 38 causas judiciales en su contra: 35 fueron rechazadas y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema.

Para Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes, los datos muestran que, pese a los obstáculos, la política encontró respaldo en los territorios.

“A pesar de las enormes dificultades para la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos en el actual contexto en nuestro país, particularmente la decisión del Gobierno nacional de desentenderse de esta política pública, la misma ha encontrado respaldo en muchas provincias”, dijo.

LA VOZ