En Córdoba, la ley de bosques se tomó otro año sabático
or esos caprichos que suele tener la política, en los cuales los tiempos de esta no coinciden incluso con la obligación de ajustarse a derecho, hace más de tres años que la Provincia incumple con una ley nacional. Es la 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosque Nativos.
Desde el 5 de agosto de 2015, Córdoba está afuera de la norma. Sucede que después de haber aprobado en agosto de 2010 su primer ordenamiento territorial, la Provincia debió actualizar de manera obligatoria a los cinco años el mapa ambiental, que contiene las zonas rojas, amarillas y verdes y que delimitan la intervención y el uso del monte.
Diciembre de 2016 y de 2017 fueron momentos en los cuales la Legislatura realizó algunos intentos para sancionar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo.
Sin embargo, la resistencia de organizaciones ambientalistas a modificar el “semáforo” hizo que a fines de diciembre del año pasado la propuesta, que tenía el consenso político de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, no se tratara en el recinto y perdiera estado parlamentario.
¿A Tribunales?
Durante el presente año legislativo, el bosque no fue tema de debate. El proyecto 20.811 continuó cajoneado en la Unicameral, a la espera de que alguno de sus autores lo volviera a impulsar. Eso no ocurrió y parece difícil que pueda ver la luz en 2019, cuando la agenda electoral atraviese de lado a lado todas las acciones políticas.
El mapa actual que ordena el bosque nativo en Córdoba incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías roja (donde está prohibido cualquier uso) y amarilla (donde es posible una intervención sobre el recurso).
Sin embargo, una cartografía elaborada por la Mesa de Enlace provincial indica que sólo hay dos millones de hectáreas de bosque nativo dentro de las tres categorías de conservación previstas en la ley (rojo, verde y amarillo). Es la mitad de la superficie que aseguran los grupos ambientalistas.
En este escenario de disparidades, los productores que tienen sus establecimientos comprendidos dentro del cuadro normativo siguen sin definiciones. Principalmente para los ganaderos ubicados en el arco noroeste de la provincia, donde además de la rigurosidad del clima, está vedada la imposibilidad de intervenir con un manejo sustentable del recurso.
En esa zona, hay productores que desde hace 15 años no pueden intervenir en sus establecimientos; ni siquiera para controlar el renoval y dar posibilidad a las hectáreas incluidas en zonas amarillas de convertirse en productivas para la ganadería.
Los resultados, aseguran los propios ganaderos, es el empobrecimiento cada vez mayor de una zona donde el trabajo ligado a la producción de carne es una de las principales fuentes de arraigo. Además de muchos pequeños productores, en esa zona están radicadas varias cabañas de cría bovina de prestigio internacional.
Mientras la política sigue sin encontrar su momento para zanjar el diferendo y actualizar la ley, algunos productores ven en la Justicia una alternativa para el reclamo.
Si bien en algunos ámbitos aseguran que la Secretaría de Ambiente analiza presentaciones puntuales de productores para ratificar o rectificar la inclusión de parcelas dentro de las categorías delimitadas por la ley, Tribunales aparece como el ámbito donde el año próximo se buscará una respuesta.
