Megaevasión: ya son 11 los detenidos, uno se entregó en las últimas horas
La causa que se inició a partir de una investigación ordenada por la Afip tiene hasta ahora más de 30 personas imputadas en todo el país tras unos 90 allanamientos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
En las últimas horas sumaron 11 los detenidos. Se entregó ante la Justicia Federal de San Francisco Mariano Planells, quien como el resto de los detenidos fue imputado por «asociación ilícita fiscal», según información a la que accedió LA VOZ DE SAN JUSTO.
Recordemos que en Devoto habían sido detenidos Domingo, gerente del Grupo Cooperativos Devoto; Diego Manzotti y el matrimonio compuesto por Mauricio Pizzi y María Abtt. En San Francisco los allanamientos derivaron en la detención de los contadores Miguel Montali, Lucas Zopetto y Marlene Von During, esta última esposa de uno de los prófugos. En Morteros, fueron detenidos otros contadores: Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo, y Pablo Barbieri. Todos permanecen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba Capital.
Son buscados por la Justicia Federal los hermanos Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero y la esposa de uno de ellos.
Son unas 2.800 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones. Y$430 millones la cifra por la que entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos.
¿Se filtró información?
El fiscal Luis María Viaut analiza escuchas telefónicas para determinar si se filtró información sobre cómo iba a actuar la Justicia el 31 de agosto. Viaut cree que estudios contables fueron avisados de antemano y ocultaron documentación clave para la investigación.
El fiscal indicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que envió un oficio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce) solicitando información sobre la designación de los veedores que debe aportar a los fines de no ser declarado nulo el procedimiento. «Queremos saber si se produjo una filtración», dijo Viaut.
La versión de la mutual de Devoto
Desde elGrupo Cooperativo Devoto salieron a respaldar a su líder Domingo Benso y apuntaron a que un usuario de Internet realizó las maniobras de estafa utilizando la conexión IP de la cooperativa, prestadora del servicio en el pueblo. Con «el IP utilizado por un usuario del servicio se emitieron facturas truchas y peor aún mediante hacker se cambió la condición tributaria de algunos ciudadanos en Afip lo que permitía operar con ese nombre», dijeron y aclararon que «la Cooperativa prestadora desde cuyo IP se actúa no es responsable del uso que cada usuario le da al servicio».
Municipios de la región, en la mira
La presunta red de usinas de facturas falsas tendría ramificaciones en todo el país. Al menos tres municipios de nuestra región -aunque podrían ser más- también habrían adoptado esta metodología para declarar gastos en actividades municipales.
Casos testigo
Fueron imputados los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. Están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Otros funcionarios figuran como partícipes necesarios.
Los cabecillas operaban en nuestra región y «están todos detenidos»
El titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, aseguró que los cabecillas de la banda investigada por la megaevasión está entre los 9 detenidos en San Francisco, Devoto y Morteros. Además, todavía hay 4 prófugos.
«En Córdoba y San Francisco esta banda creaba las empresas falsas y robaba las claves fiscales. A quienes consideramos como organizadores y jefes están todos detenidos. Hay personas que no tienen un título específico (de contador público) y otras que han causado vergüenza para las ciencias económicas porque usaron su título para el uso de este tipo de maniobras», dijo el fiscal a 10 días de los múltiples allanamientos y detenciones.
Senestrari señaló que los detenidos en nuestra ciudad y la zona, todos imputados por el delito de «asociación ínclita fiscal»,además de devolver el dinero evadido deberán afrontar los costos del megaoperativo desplegado por las fuerzas federales. Este tipo de delitos prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.
La investigación se remonta a 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que reveló el proceder delictivo de una banda que emitía facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias, robando las claves fiscales de personas humildes que luego se veían afectadas para conseguir trabajos o acceder a planes sociales.
Informe: LA VOZ DEL INTERIOR
