Aborto: mientras el Hospital Iturraspe ya prescribe Misoprostol, el sector privado busca una postura conjunta

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Desde que el pasado 14 de enero el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de promulgación, empezó a regir en todo el país la Ley 27.610 que establece la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el denominado Plan de los 1000 Días.

A casi 30 días de la puesta en vigencia de la norma, en San Francisco comenzó a implementarse el protocolo en el ámbito de la salud pública mientras que en la salud privada aún no hubo requerimientos de parte de mujeres que quisieran realizarse un aborto.

Al Hospital “J. B. Iturraspe” concurrieron mujeres -en su mayoría de entre 20 y 30 años y de diferentes sectores socioeconómicos- solicitando la práctica de abortos por lo cual profesionales de ese centro de salud intervinieron prescribiendo Misoprostol, el medicamento que entre sus facultades provoca la terminación del embarazo a través de un procedimiento farmacológico. En cambio, hasta el momento ninguna mujer ha solicitado la posibilidad de someterse a un aborto quirúrgico.

 

 

¿Cómo hacer cumplir el derecho a la IVE?

La persona solicita el derecho a la IVE y el sistema de salud tiene 10 días de corrido para garantizarlo. Además, se le debe brindar información sobre el procedimiento y cuidados posteriores a la persona solicitante, atención de la salud durante todo el proceso e información y provisión de los métodos anticonceptivos disponibles.

El doctor Saúl Kohan, a cargo del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iturraspe, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “en el Hospital tenemos un consultorio de opciones en salud sexual y reproductiva que está funcionando muy bien y ya hemos indicado varias IVE desde la puesta en marcha de la ley a través de procedimientos farmacológicos mediante Misoprostol”.

Para determinar el procedimiento más conveniente para llevar a cabo un aborto se tiene en cuenta la edad gestacional del embarazo. “Hasta las 12 semanas, el procedimiento se hace de manera ambulatoria, mientras que llegadas las 13 o 14 semanas o si hay algún factor de riesgo, se hace con la internación de la paciente -precisó el médico-. En el caso de que se solicite una evacuación quirúrgica, la misma se tiene que llevar a cabo porque tiene que ver con la Ley de Derechos del Paciente. Por último, si existe una complicación en el embarazo también se indica este tipo de procedimientos”.

No obstante, dijo que en cuanto a la intervención sanitaria en torno a un aborto “en el 90 por ciento de los casos” se resuelve a través de la prescripción del Misoprostol y “la gran mayoría” lo hace de manera ambulatoria.

De esta manera, Kohan dijo que desde la puesta en vigencia de esta ley “no hemos tenido” casos de pacientes que requirieran internación para llevar a cabo un aborto.

Además, dijo que en San Francisco “la ventaja en torno de esto es que se sabe quiénes somos los profesionales que estamos a favor de este derecho y muchas vienen a través del grupo Socorro Rosa”, organización que acompaña a mujeres en su decisión de interrumpir un embarazo, con el fin de evitar la clandestinidad y los graves riesgos que ello conlleva.

De igual manera, Kohan recordó que antes de la sanción de la ley, “las mujeres venían sabiendo que iban a hacer algo que estaba oculto mientras que ahora tienen la tranquilidad de saber que es legal. Igualmente, es una decisión que se toma en la más profunda intimidad y lleva una carga muy grande y en esto la gente agradece la escucha para poder manifestarse en el caso que deseen hacerlo”.

La ley garantiza el derecho a toda mujer y persona gestante a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional y hasta la 15 si el embarazo fuese resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

 

 

La situación en las clínicas privadas

En el sector privado de la salud, la realidad respecto del aborto es diferente. A través de consultas realizadas en clínicas y sanatorios de la ciudad, este diario pudo establecer que en ese ámbito desde la reglamentación de la ley, aún no se han producido solicitudes de parte de mujeres que quisieran someterse a un aborto.

En tanto, se estima que la próxima semana podría producirse una reunión de directores de las cuatro clínicas para analizar el alcance del protocolo de la ley que establece el derecho de las mujeres y personas gestantes a la IVE.

Mientras tanto, en un primer sondeo de opinión se pudo establecer que existe un alto porcentaje de profesionales de la salud que se declara objetor de conciencia, es decir, que se opone a realizar un aborto por vía quirúrgica o a prescribir el Misoprostol como método para llegar al mismo objetivo.

El director médico de la Clínica Regional del Este, Daniel Puricelli, dijo que “en nuestro caso todos los médicos son objetores de conciencia, por lo cual no tenemos a nadie disponible” para la práctica de un aborto aunque como establecimiento de salud “tenemos que ocuparnos del pre y del post quirúrgico, disponiendo la derivación hacia algún establecimiento donde haya un profesional que se haga cargo”.

El doctor informó que “hasta ahora no” no recibieron ningún pedido de alguna paciente que quiera someterse a un aborto.

Por su parte, el director médico del Sanatorio San Justo, Daniel Martelli, señaló que la situación en torno a esta ley “es ambigua” ya que “desde el punto de vista institucional no tenemos problemas porque no somos objetores de conciencia institucional”.

De todas maneras, reconoció que “el problema se produce a nivel médico” donde “la mayoría” de los ginecólogos y obstetras “son objetores de conciencia individuales por cuestiones personales contempladas en la ley”.

El San Justo “hasta el momento no” tampoco ha recibido pedidos de práctica de un aborto, aunque en el caso de que se formule una solicitud, “no tendremos problemas” en hacerlo porque “estamos alineados” con lo que establece la ley, aclaró Martelli.

El director médico del Sanatorio Argentino, Federico Casermeiro, coincidió con Puricelli al señalar que “tenemos pendiente un encuentro con los directores médicos de todas las clínicas y sanatorios para ver cómo se ponen en práctica los protocolos para terminar de definir lineamientos” en torno a la IVE

“En este momento no podemos asumir una postura institucional”, afirmó y estimó como “una posibilidad” el hecho de que pueda producirse una decisión conjunta entre las clínicas y sanatorios de San Francisco en torno a la ley.

En el caso del sanatorio a su cargo, Casermeiro dijo que “la mayoría de los profesionales médicos son objetores de conciencia” mientras que otros “aún estaban en duda” respecto de la posición a adoptar. Y confirmó que desde que se puso en marcha la ley, “no tuvimos ninguna solicitud” de parte de alguna mujer que quiera hacerse un aborto.

Según la ley, ante la negativa de intervenir en un hecho o acto de cualquier índole que violente las convicciones éticas o a las creencias religiosas propias, los establecimientos deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación.

La institución deberá asegurarse que la derivación ocurra hacia un efector de similares características (si es una clínica privada, no debe derivar a un hospital público o de seguridad social) y tendrá que hacerse cargo de los gastos asociados al traslado.

Por su parte, la Academia Nacional de Medicina define la objeción de conciencia como “un testimonio pacífico y apolítico por el cual un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido, sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente”.

LA VOZ DE SAN JUSTO