Conflicto docente. Llaryora le ofrecerá a la UEPC un aumento del 30% para todo el año

El gobernador Martín Llaryora se propuso cerrar en los próximos días la discusión paritaria con los docentes que ya supera los dos meses de tensión y negociaciones. Para lograrlo, apuesta a un giro marcado: la cuarta oferta será sustancialmente distinta de las tres anteriores que fueron rechazadas por la UEPC. Ahora se orientará a un aumento del 30%, por pagar en distintos tramos a lo largo del año.

El próximo martes tendrá lugar la segunda reunión de conciliación obligatoria con el gremio docente (UEPC), en la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

En el primer encuentro, realizado el jueves pasado, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, se comprometió a presentar en el próximo encuentro una nueva propuesta salarial, en la que el Gobierno provincial trabajará durante este fin de semana.

Aunque restan detalles por definir, dos fuentes oficiales consultadas por La Voz coincidieron ayer en que el ofrecimiento de Llaryora rondará el 30% para todo el año en curso, distribuido en cuatro o cinco cuotas

El incremento porcentual sería, en términos generales, igual para todos los sectores. Sin embargo, el gobernador busca introducir un diferencial a favor de los docentes con un cargo –quienes tienen cuatro horas diarias de clase–, es decir, maestras y maestros del nivel primario.

Se trata de unos 26.280 docentes que actualmente perciben un básico de 976 mil pesos, sin contar adicionales ni antigüedad.

No es un dato menor: fue precisamente este sector el que hizo oír con mayor fuerza sus reclamos en las asambleas escolares.

Llaryora tomó nota de esta demanda, el martes pasado, cuando recibió en el Centro Cívico a más de 200 docentes.

La ronda de diálogo continuará este lunes, con inspectoras e inspectores, y el martes, nuevamente con docentes que están al frente de los grados.

En el Gobierno provincial aún no tienen definido cómo instrumentar una mejora específica sin generar tensiones con el resto de los 60 mil docentes.

Entre las alternativas en estudio aparece la posibilidad de un bono no remunerativo, que permita reforzar el ingreso de este segmento –mayoritariamente docentes al frente de los grados– sin alterar el equilibrio general de la estructura salarial.

La cuarta propuesta no se limitará al aumento porcentual. También mantendrá el beneficio para los jubilados que figuraba en los anteriores ofrecimientos: se elevará a $ 1.650.000 el piso a partir del cual se aplica el diferimiento en el cobro de los aumentos de los activos.

Según estimaciones oficiales, con esta modificación, el 80% de los jubilados docentes quedará fuera del diferimiento.

El nuevo ofrecimiento implica un viraje respecto del esquema que estructuró las tres propuestas anteriores, todas rechazadas por la asamblea provincial docente.

Aquellas iniciativas se apoyaban en un fuerte incremento del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que hoy se ubica en $ 67 mil y que, según la proyección oficial, cerraría el año en $ 128 mil. Ese salto –del 92%– se complementaba con aumentos mensuales atados a la inflación.

Sin embargo, en las últimas asambleas escolares, las bases docentes marcaron otra prioridad: aumentos porcentuales, incorporados al básico y con carácter remunerativo.

Con ese telón de fondo, Llaryora decidió el lunes pasado solicitar la conciliación obligatoria para desactivar el paro de 72 horas ya anunciado por la UEPC. Pero, además, asumió que debía rediseñar el corazón de la propuesta, algo que se reflejará en la cuarta oferta.

La negociación con el gremio comenzó a mediados de febrero y está a punto de cumplir dos meses. La preocupación en el Gobierno es tal que el gobernador conformó una mesa de trabajo específica, integrada por varios ministros y funcionarios clave.

Además de Llaryora y Consalvi, participan el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el de Gobierno, Manuel Calvo; el de Comunicación, Daniel Pastore; el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci –en representación del ministro de Economía, Guillermo Acosta–; y el asesor en comunicación Roberto Sposetti.

En ese ámbito se terminarán de definir este lunes los últimos detalles de la propuesta que será presentada formalmente el martes ante la UEPC, en el marco de la conciliación que vence el 21 de abril.

Luego, el gremio iniciará su proceso interno de análisis. Todo indica que la asamblea provincial, prevista para el viernes próximo, tendrá la decisión final.

Pero la negociación no está exenta de nuevas tensiones. En la audiencia de conciliación del jueves pasado, el titular de la UEPC, Roberto Cristalli, sumó una exigencia concreta: que no se descuenten los tres días de paro ya realizados por los docentes cordobeses, desde el inicio del ciclo lectivo, el pasado 2 de marzo.

Con los haberes de marzo, la Provincia ya aplicó descuentos correspondientes a dos jornadas de protesta (2 y 18 de marzo), y en el próximo recibo se reflejará el del paro del 19 del mes pasado.

Cada día paro significa un descuento del 5% para el salario de los docentes que adhirieron a la protesta.

El gremio reclama la devolución de esos montos y lo plantea como condición para avanzar hacia un acuerdo. En el Gobierno no descartan una salida intermedia, que contemple el descuento en cuotas de los días no trabajados, como parte de una negociación que todavía tiene capítulos por escribirse.

Con la firma de su presidenta, la contadora María Inés Palacios, el gremio de los empleados jerárquicos provinciales, Unión Personal Superior (UPS), envió una nota al gobernador Martín Llaryora, realizando varios reclamos, antes de sentarse a negociar la paritaria para el sector.

Entre los reclamos que hace la UPS está la aplicación del decreto 843/14, que protege el salario de los jefes de áreas, para recuperar la brecha salarial con el personal no jerárquico. Además de la suspensión de la ley 11.087 a fin de proteger los salarios de los agentes del gremio.

El gremio también pide que se resuelvan los concursos de los años 2022 y 2023, para cubrir interinatos y funciones pendientes.

El gremio de los jerárquicos también solicita la eliminación del diferimiento para los jubilados y la suspensión del descuento del fondo (Fosaet) que se destina al funcionamiento de la Apross.

La cúpula de la UPS ya mantuvo una reunión con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, a quien le transmitieron estos reclamos que figuran en la nota que elevaron el jueves pasado al gobernador Llaryora. El gremio de los empleados jerárquicos pide comenzar la discusión paritaria.

LA VOZ