El gremio de trabajadores rurales puso bajo la lupa condiciones laborales en Córdoba

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) puso el foco sobre la situación laboral en el campo cordobés. En el marco de una gira nacional, su secretario general, José Voytenco, recorrió las zonas de Laboulaye, Río Cuarto y, en el día de ayer, estuvieron por la capital cordobesa.

“Estamos haciendo una gira por todo el país tratando de establecer un nexo directo con todos los dirigentes de base, delegados de cada provincia, secretarios generales, congresales nacionales del gremio”, le explicó a La Voz Voytenco.

Según dijo, la intención es que la conducción nacional de la Uatre pueda escuchar de primera mano qué ocurre en cada territorio y, desde allí, definir acciones para “dignificar y darle más calidad de vida” a los trabajadores rurales.

En ese mapa, Córdoba aparece como una de las paradas centrales de la gira. El dirigente sostuvo que las recorridas y las fiscalizaciones permiten construir “un panorama claro y preciso” sobre las necesidades del sector.

“Nos encontramos con casos de explotación laboral, trabajo infantil, trabajo en negro”, afirmó. Y agregó que, en el mercado laboral rural, el gremio observa “todos los peores índices”.

Aunque el diagnóstico que plantea la Uatre es a nivel país, Voytenco buscó marcar un punto específico sobre la realidad local. “Córdoba no es la excepción”, dijo cuando fue consultado por las situaciones detectadas en la provincia.

Según el dirigente, en el territorio cordobés también aparecen “naturalizaciones” de prácticas irregulares, con los mismos casos mencionados.

El sindicalista sostuvo que la informalidad es uno de los principales problemas del sector. De acuerdo con la estimación que maneja la Uatre, el trabajo no registrado ronda el 70%.

Para el gremio, ese dato no sólo implica falta de aportes o ausencia de registración formal, “estamos hablando de una pérdida de derechos, peores condiciones laborales y mayores dificultades para acceder a prestaciones básicas”, comenta el secretario.

“Si el trabajador está en negro, hay que mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, su parte remunerativa, apuntar a la capacitación y fortalecer la educación”, planteó Voytenco.

Uno de los puntos que Voytenco destacó durante su paso por Córdoba fue el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo provincial. “La ventaja que tenemos en Córdoba, es el acompañamiento y la preocupación de parte del Estado provincial a través de la cartera laboral”, señaló.

Para el secretario, ese respaldo “es un plus” que el gremio no encuentra en todas las provincias.

En ese marco, la conducción sindical firmó un convenio con la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Voytenco explicó que se trata de “un convenio marco de cooperación” y de un compromiso para: “seguir trabajando y fortalecer las relaciones con los gobiernos provinciales”.

El dirigente precisó que el convenio también apunta a consolidar un esquema vinculado con la compatibilidad de actas inspectivas. Además, contó que durante la reunión surgió la posibilidad de conformar una comisión tripartita, integrada por el Gobierno, los productores y los trabajadores.

“Para discutir las políticas que se tienen que aplicar en el sector, particularmente poniendo en el centro de la escena la figura del trabajador rural”, sostuvo.

“Esto implica fortalecer los lazos y usar todas las herramientas disponibles para corregir todas estas irregularidades que encontramos en el sector”, afirmó Voytenco.

El reclamo salarial fue el tema central de la entrevista. Voytenco aseguró que un trabajador rural cobra, en promedio, unos $ 800.000 de bolsillo, monto que consideró insuficiente. “Estamos hablando prácticamente del 50% del costo de la canasta familiar básica y no alcanza para cubrir la necesidad básica de una familia”, sostuvo.

La Uatre reclama una recomposición que lleve el salario mensual del trabajador rural a $ 1.500.000. Sin embargo, el dirigente advirtió que ese objetivo fue planteado hace más de un año y que, por la pérdida de poder adquisitivo, “hoy ya nos quedamos cortos con esa realidad”. Según el cálculo gremial, la caída del salario real ronda el 45%.

Cuando se le consultó por los acuerdos, el secretario “apunto el arma” contra las entidades empresarias que integran la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Dijo que la Mesa de Enlace y Came “están jugando con los tiempos” y afirmó que esa demora perjudica directamente a los trabajadores. “Tenemos junio y julio, que ya es julio próximo a vencer, con salarios sin cerrar y nuestra gente con un salario de miseria”, cuestionó.

En cuanto al asunto, aseguró que el gremio viene planteando alternativas para destrabar la negociación. “Esperemos que el sector empresario recapacite desde la actitud y podamos, por lo menos, ya que no podemos conseguir una recomposición salarial, hacer acuerdos cortos de dos o tres meses e ir avanzando así”, expresó.

También cuestionó el funcionamiento actual de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Según dijo, los cambios normativos redujeron la capacidad del organismo para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores. “Hoy la Comisión Nacional de Trabajo Agrario es una oficina que lleva la agenda de reuniones”, afirmó.

La situación de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), también está dentro de la órbita del gremio.

Voytenco evitó confirmar una cifra concreta de deuda, pero aseguró que la entidad arrastra “un rojo importante” y responsabilizó a distintas intervenciones por el deterioro de la prestación.

Según el dirigente, la obra social está intervenida desde hace años y eso afectó la administración de los recursos. Remarcó que la cobertura sanitaria de los trabajadores rurales tiene particularidades que no siempre son contempladas.

“Nuestros beneficiarios no están en zonas urbanas como están en el resto de las obras sociales”, dijo. Y enumeró problemas de conectividad, falta de información y dificultades para acceder a prestaciones médicas en zonas alejadas.

En ese contexto, cuestionó especialmente los esquemas basados en telemedicina. “Es aplicable a obras sociales con una jurisdicción urbana, no para un trabajador que está en medio del campo, en medio del monte”, afirmó.

Para Voytenco, exigir trámites digitales, carga de documentación o turnos a distancia puede volverse “imposible” para muchos afiliados.

Otro punto de preocupación para la Uatre es el impacto de los cambios laborales sobre el empleo rural.

El dirigente sostuvo que el gremio observa una baja en la declaración de trabajadores formales y un crecimiento de figuras como el monotributo. “¿Eso qué significa? Precariedad laboral, mayor trabajo negro, mayor cantidad de trabajadores fuera del sistema”, planteó.

Además, puso especial atención en los trabajadores permanentes discontinuos, aquellos que se trasladan entre distintas economías regionales pero vuelven durante años a los mismos establecimientos. “La modificación de esa figura podría afectar la antigüedad de empleados que llevan 15 o 20 años en la actividad”, señaló.

Por otro lado, estimó que alrededor de 120.000 trabajadores podrían quedar fuera del sistema en todo el país. “Esos trabajadores seguramente van a judicializar la situación y van a reclamar la antigüedad que les corresponde”, advirtió.

AGRO VOZ – LA VOZ