Legislatura de Córdoba. Caso Flores: endurecen los controles y los legisladores deberán responder por sus asesores
En medio del escándalo político que provocó la detención de un contratado legislativo en la causa que se investiga grooming y abusos sexuales contra menores en Villa de María del Río Seco, y que terminó con la licencia del legislador oficialista Ernesto Ramón Flores, la Legislatura de Córdoba endureció los requisitos para los asesores y personal no permanente. Se apunta a más responsabilidad en los nombramientos que hacen los parlamentarios.
La vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, firmó el decreto 206 que establece un “régimen complementario” de ingreso y control periódico para el personal contratado. La norma apunta expresamente a reforzar los mecanismos de integridad, responsabilidad y transparencia y a mantener actualizada la información de los agentes durante toda la relación contractual.
La decisión se conoció después de que el caso de José Villarreal, contratado de Flores, pusiera bajo la lupa los mecanismos utilizados hasta ahora para seleccionar y controlar a los asesores legislativos.
Villarreal fue desvinculado como asistente el 31 de julio y permanece detenido e imputado en la investigación que lleva adelante la fiscal de Deán Funes Analía Cepede.
Villarreal no es el único asistente de Flores con problemas judiciales que fue desvinculado de la Legislatura. También están Ariel Rodríguez, condenado por peculado a tres años y medio de prisión. Mario Giraudo, condenado a dos años de prisión condicional por encubrir un abuso sexual, el fallo fue apelado, y José Héctor Villegas, imputado en 2023 por explotación de trabajo infantil y abuso deshonesto
La causa tiene actualmente 15 imputados y al menos cuatro adolescentes identificadas como víctimas. Flores no está imputado en ese expediente.
El impacto político del caso llevó a Flores a solicitar una licencia por 180 días sin goce de sueldo, aunque hay fuertes pedidos de algunos oficialistas (como el de la senadora Alejandra Vigo) y de la oposición para que sea apartado de manera definitiva.
Qué se exigirá a los asistentes
Uno de los principales cambios del decreto es que todo nuevo contratado deberá presentar, antes de ingresar, tres certificados en forma obligatoria: antecedentes penales expedidos por la Policía de Córdoba, antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia y certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin esa documentación, la contratación no podrá formalizarse.
Pero el control ya no quedará limitado al momento del ingreso. Los tres certificados deberán renovarse cada seis meses mientras dure la contratación, una modificación respecto del esquema de controles iniciales que funcionaba hasta ahora, bajo el escalafón del personal legislativo (ley 9,880).
Además, cada asesor deberá completar una nueva Declaración Jurada de Integridad, en la que tendrá que consignar incompatibilidades, otros cargos públicos y la documentación sobre antecedentes. También deberá comprometerse a informar cualquier situación judicial que pueda resultar relevante para el ejercicio del rol de asistente.
Si durante la contratación se produce una modificación de la situación declarada, el asesor tendrá 72 horas hábiles para comunicarla a Capital Humano, bajo apercibimiento de rescisión contractual. El formulario aclara que la existencia de una investigación judicial no implica por sí misma responsabilidad ni determina automáticamente el fin del vínculo laboral.
La responsabilidad de los legisladores
Otro punto central del nuevo régimen toca directamente a quienes proponen las contrataciones.
A partir de ahora, cada solicitud deberá ser firmada por el legislador, autoridad o responsable de bloque que promueva la incorporación. Tendrá que identificar al contratado, precisar bajo qué dependencia trabajará, describir sus tareas, explicar los motivos de su incorporación y declarar expresamente que la contratación fue solicitada “bajo su responsabilidad institucional”.
El decreto crea, además, una Ficha de Función del Personal No Permanente que deberá incorporarse al legajo y dejar asentados el nombre del contratado, la autoridad que pidió su ingreso, la dependencia, las tareas que realizará y las fechas de inicio y finalización del vínculo. Ninguna nueva incorporación podrá concretarse sin esa ficha completa.
Además, Capital Humano y la Secretaría Administrativa tendrán a su cargo el control formal de los requisitos, pero no evaluarán “el mérito, conveniencia u oportunidad política” de cada incorporación. Es decir, lo nuevo será que el peso de la decisión sobre quién integra cada equipo quedará expresamente colocado sobre la autoridad que solicitó su contratación, o sea el legislador o director de área.
También alcanza a los actuales contratados
Las nuevas condiciones no serán únicamente para quienes ingresen desde ahora. Todo el personal no permanente que ya trabaja en la Legislatura (que según el último listado oficial era de 1.055) tendrá 30 días hábiles para presentar los certificados, completar la declaración jurada y confeccionar su ficha de función.
El decreto obliga a la Secretaría Administrativa a elaborar una vez por año un Informe de Integridad y Cumplimiento con indicadores sobre documentación, actualización de declaraciones juradas y funcionamiento de los controles.
Así, el escándalo que comenzó con una investigación judicial en el norte provincial y que reflotó el primer caso de «empleada fantasma de la Legislatura de 2025» puso nuevamente en discusión quién y cómo se elige a los asesores de los legisladores.
LA VOZ
