Villa María: confesó abusos a menores de edad y la Fiscalía le otorgó prisión domiciliaria
El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Rodrigo Santi, exbombero de 31 años que confesó haber abusado sexualmente de menores, desató un escándalo judicial en Villa María. La medida, dispuesta mientras se tramita un acuerdo de juicio abreviado con una pena de ocho años de prisión, fue cuestionada con dureza por la querella y por una organización no gubernamental, que calificaron el caso como inédito y pusieron el foco en el desempeño de la fiscal Juliana Companys.
El abogado querellante José Corigliano, representante de una de las víctimas, denunció un “viraje escandaloso” en el expediente que, según sostuvo, derivó en beneficios que consideró inadmisibles para un abusador confeso y en una situación de desprotección para los niños y adolescentes afectados. Santi está imputado por cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores de edad, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.
De acuerdo con Corigliano, por la gravedad de los hechos, su reiteración y el abuso de poder ejercido sobre aspirantes a bomberos, la expectativa de pena en un juicio ordinario debía ubicarse entre los 12 y 14 años de prisión efectiva. Sin embargo, la causa avanzó hacia un juicio abreviado con una condena de ocho años. “Es una condena irrisoria frente a la magnitud del daño causado. Ocho años para un abusador serial de niños y adolescentes, con una confesión plena, no resiste ningún análisis jurídico ni ético”, afirmó en declaraciones al medio local Villa María Ya.
Un beneficio cuestionado y el foco en la prisión domiciliaria
La polémica se profundizó con la concesión de la prisión domiciliaria. El imputado, que estuvo alojado en el Establecimiento Penitenciario N°5 Villa María, pasó a cumplir la medida en el domicilio de su padre, en Villa María. Para la querella, no existían razones objetivas que justificaran ese beneficio. “Estamos hablando de un hombre sano, de 31 años, sin ninguna condición que justifique este privilegio. No es habitual, no es lógico y no es aceptable que un abusador confeso de menores espere su condena en una casa, sin controles reales y en una zona cercana a escuelas”, sostuvo Corigliano.
El abogado también remarcó que las víctimas y sus familias no fueron informadas ni consultadas antes de la decisión. “Nunca les preguntaron qué necesitaban para sentirse seguros. Hoy esos chicos viven con miedo, dejan de salir, de andar en bicicleta, de hacer su vida normal, mientras el abusador duerme con aire acondicionado”, expresó.
En paralelo, la querella trabaja en una oposición formal a la prisión domiciliaria y aguarda que la jueza de Control Soledad Dottori analice el acuerdo abreviado elevado por la Fiscalía, con la posibilidad de rechazarlo o exigir modificaciones. “Si este acuerdo se cae, el camino es el juicio ordinario, con una pena mucho mayor. Eso es lo que corresponde”, afirmó Corigliano.
El cambio de defensa y las denuncias éticas
Uno de los ejes centrales de las críticas contra la fiscal Companys apunta al cambio de abogado defensor de Santi durante la instrucción. Según la querella, el punto de quiebre se produjo cuando asumió la defensa el letrado Alejandro Bianco, que hasta poco tiempo antes se desempeñaba como funcionario de la Fiscalía que llevaba adelante la causa. Hasta ese momento, señaló Corigliano, la investigación avanzaba con normalidad y la querella tenía acceso al expediente.
Con el nuevo patrocinio, según Corigliano esa dinámica se alteró. “La querella dejó de ver el expediente, dejó de ser informada y dejó de cumplir su rol legal de control. El proceso se volvió opaco”, denunció. Sobre el rol del exfuncionario judicial y que luego pasó a ser defensor del acusado, agregó: “Conocía los testimonios, los puntos fuertes y los puntos débiles de la causa. Pasó de auxiliar del fiscal a defensor del imputado. No es ilegal, pero es profundamente antiético”.
“No puede estar de los dos lados del mostrador. Trabajó con la prueba, con testimoniales, estuvo ahí, manejó el expediente, tenía conocimientos, conocía los puntos débiles y los fuertes. Y luego, renunció y tomó la defensa de la causa. Es cuestionable en cuanto a lo ético”, se quejó Corigliano, en declaraciones a Infobae. Y agregó: “El daño que se le hace a una víctima con un defensor que en su momento fue de confianza es grave”.
En ese marco, la querella presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Villa María por presunta violación al Código de Ética. “Creemos que no corresponde, no es moral, no es profesional y no es compatible con una justicia que pretenda ser creíble”, afirmó el abogado.
La postura de una ONG y el impacto en las víctimas
Desde la organización Vínculos en Red, su titular Alicia Peresutti expresó su “profunda indignación y preocupación” por la medida y calificó el caso como una “situación de terror y de crueldad nunca vista”. En declaraciones a Cadena 3, señaló que el beneficio se habría sustentado en un certificado de un perito médico privado que diagnosticó un cuadro de depresión y cuestionó ese fundamento. “Es muy raro cómo se dio todo”, afirmó, y agregó: “Todos saben que cuando uno entra en la cárcel se deprime en el acto. Eso no puede ser motivo para darle una domiciliaria”.
Peresutti también puso el acento en las condiciones en las que el imputado cumple la medida y en la falta de información a las víctimas. “Las víctimas no fueron avisadas”, sostuvo, y advirtió sobre el impacto emocional que esa situación generó en los niños y en sus familias. Además, cuestionó el accionar de la fiscal Companys y señaló presuntas irregularidades éticas vinculadas al paso de un abogado por la Fiscalía y luego por la defensa del acusado.
La investigación y el acuerdo abreviado
La causa se originó tras una denuncia presentada a fines de 2024 en La Playosa, donde Santi se desempeñaba como jefe de aspirantes a bomberos y capacitador a nivel regional y provincial. A partir de esa presentación, surgieron otros testimonios y pruebas, incluidas conversaciones y material digital. El imputado confesó los hechos y la fiscalía avanzó en un acuerdo de juicio abreviado con una pena de ocho años de prisión, que aún debe ser controlada por la jueza interviniente.
La respuesta de la Fiscalía
Tras las críticas públicas, la fiscal Juliana Companys emitió un breve escrito que distribuyó en medios locales en el que aseguró que el acusado sí lleva puesta la tobillera electrónica, uno de los requisitos impuestos para poder obtener la prisión domiciliaria. Además, indicó que entre las prohibiciones se le impidió usar elementos de tecnología, redes sociales, contactar por cualquier medio en forma directa o través de terceras personas a las victimas y sus familiares, entre otras.
FUENTE: El Periódico
