Juzgan a dos policías por la muerte de un joven detenido en Morteros
En la Cámara del Crimen de San Francisco comenzó este lunes el último juicio con jurados populares de este año 2019. En esta ocasión son juzgados dos efectivos policiales, Carina del Valle Ludueña y Alejandro Darío Romano, involucrados en la sospechosa muerte de un joven que estaba detenido en la comisaría de Morteros en 2011.
Ambos están imputados como presuntos autores de «omisión a los deberes de funcionario público y homicidio culposo».
El 2 de diciembre de ese año, Maximiliano Acosta (18) fue detenido por una presunta contravención del entonces Código de Faltas -escándalo en la vía pública- . Fue trasladado a la comisaría de Morteros en donde a las pocas horas apareció sin vida en el interior de la celda en la que había sido alojado.
La detención de Acosta se produjo cerca de las 18 de ese día y su cuerpo fue hallado entre las 20 y las 21 cuando el personal policial realizó la recorrida de rigor en el sector de detenidos. El l joven se habría ahorcado con el cordón del pantalón deportivo que vestía y su cuerpo fue hallado colgando de la puerta de rejas de la celda.
En tanto, su familia nunca creyó esa versión e incluso planteó dudas acerca del resultado de la autopsia que se le realizó al cadáver en la Morgue Judicial de San Francisco, por ese motivo decidieron constituirse en querellantes particulares con el patrocinio del abogado sanfrancisqueño Gustavo Utrera Ramos
En un primer momento la causa fue investigada por la fiscal Bettina Croppi quien confirmó el resultado de la autopsia, pero la familia del fallecido siguió dudando. Tras el alejamiento de la fiscal Croppi la causa continuó en la fiscalía morterense, con Alejandro Acuña a la cabeza, quien terminó imputando a los dos policías considerando que actuaron con cierta negligencia al no revisar convenientemente al joven, que se quitó la vida utilizando su propia oportunidad.
Los policías son defendidos, en el caso de Ramos, por el abogado Norberto Vaca, en tanto que a Ludueña la defiende el asesor letrado Lucio Sarnago. La acusación estará a cargo de la fiscal de Cámara Consuelo Aliaga Díaz, el tribunal será colegiado con la participación de dos jurados populares, ocho titulares y cuatro suplentes.