“Megabanda” de las facturas truchas: los cabecillas operaban en nuestra región y “están todos detenidos”
La organización creaba empresas fantasmas, robaba claves fiscales y emitía facturas, aseguró que el daño provocado al Estado «es monstruoso».
Mientras los abogados redactan los pedidos de excarcelación en el marco de la investigación de la Justicia Federal de Córdoba y San Francisco contra una organización que emitía facturas electrónicas truchas, uno de los fiscales a cargo sostiene que los «cabecillas» están en nuestra ciudad.
Por esta causa se realizaron más de 90 allanamientos en la provincia de Córdoba y en localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chacho y San Juan, entre otros puntos del país, para detener más de 30 personas por el delito de asociación ilícita.
El titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, anticipó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la cabeza de la banda investigada por la megaevasión está entre los 10 detenidos en San Francisco, Devoto y Morteros. Además, todavía hay 2 prófugos.
En tanto, esto «recién empieza» afirmaron desde la Justicia, que ordenará más allanamientos y posibles nuevas imputaciones.
«En Córdoba y San Francisco esta banda creaba las empresas falsas y robaba las claves fiscales. A quienes consideramos como organizadores y jefes están todos detenidos. Hay personas que no tienen un título específico (de contador público) y otras que han causado vergüenza para las ciencias económicas porque usaron su título para el uso de este tipo de maniobras», dijo el fiscal a 10 días de los múltiples allanamientos y detenciones.
Senestrari señaló que los detenidos en nuestra ciudad y la zona, todos imputados por el delito de «asociación ínclita fiscal», además de devolver el dinero evadido deberán afrontar los costos del megaoperativo desplegado por las fuerzas federales. Este tipo de delitos prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.
La maniobra
La investigación se remonta a 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que reveló el proceder delictivo de una banda que emitía facturas electrónicas apócrifas para evadir impuestos como IVA y Ganancias, robando las claves fiscales de personas humildes que luego se veían afectadas para conseguir trabajos o acceder a planes sociales.
La mega evasión rondaría los 430 millones de pesos y hay estudios contables involucrados por facturas de más de 2.800 millones de pesos.
Senestrari confirmó además que en 2019 registraron denuncias de personas vulnerables a quienes les habían robado su clave fiscal. «Les sustrajeron su clave fiscal, les cambiaron su condición en Afip, y como eran personas que recibían la Asignación Universal o monotributistas con una condición baja para facturar trabajos estables o de ocasión, ya no podían acceder a esos beneficios del Estado o a trabajos facturados», explicó.
«Fueron transformados en empresarios, responsables inscriptos o personas que facturaban operaciones que no existían a distintas empresas», se explayó el entrevistado.
«El acuerdo que existía entre ellos era el de evadir impuestos y aquí me refiero a quienes fueron detenidos en todo el país; las bandas en sí estaban concentradas en Córdoba y la zona de San Francisco. Esta gente generaba las empresas falsas, robaba las claves fiscales para confeccionar las facturas falsas, después, otras personas con una total impunidad solo con un mail o una llamada telefónica compraban las facturas falsas y de este modo evadían impuestos», siguió.
A esto último «lo podían hacer desde todo el país. A esas facturas al ser electrónicas se las hacían enviar porque sabían que en Córdoba había una banda que falsificaba, entonces pedían una factura por tal importe o rubro o producto, allí se establecía el monto y el porcentaje con que se quedaba la banda y el evasor, le enviaban la factura y se la presentaban a la Afip», añadió Senestrari.
«Es necesario que se ajuste el control»
El fiscal dijo que «todo se hacía desde la clandestinidad de una computadora, desde allí se cambiaban claves fiscales y se originaba todo este movimiento. La facturación y creación de empresas se podía hacer de manera remota, por eso es necesario que se ajuste el control. No pueden existir más las sociedades anónimas simplificadas que es un sistema de sociedad que se crea sin ningún control en cuestión de horas y del mismo modo se abandonan, entonces cuando el Estado llega para controlar, el daño ya está hecho. Tampoco se puede permitir que el cambio de clave fiscal se pueda realizar tan fácilmente como se hace ahora».
Cómo sigue
«Hoy estamos en la etapa crítica de pedidos de libertades, mantenimientos de prisión, las indagatorias… todo es muy intenso porque las defensas como es lógico presionan mucho para que se defina la situación de los imputados», indicó Senestrari.
«Se comenzó con la apertura de las cajas que contienen todo lo secuestrado y la revisión de todos los soportes informáticos como lo son teléfonos, notebooks, computadoras y todo lo que se haya secuestrado en los procedimientos para analizar la información y completar lo que tenemos de prueba hasta el momento», agregó.
Para Senestrari, «el daño que le han provocado al Estado es gravísimo y tendrán que pagarlo, inclusive, y ya estamos pidiendo medidas al respecto, deberán hacerse cargo de los costos de esta investigación los cuales son elevadísimos, se movilizaron 380 funcionarios de Afip en todo el país, combustible, elementos de trabajo, riesgos en ruta, horas de trabajo… sumada la participación de policías de distintas fuerzas trabajando en la misma investigación para descubrir estos hechos. Por eso, el daño provocado es monstruoso», calificó el fiscal.
Personas vulnerables, las otras víctimas
Otro daño colateral llega a «aquellas personas que utilizaron para generar estos delitos. Es el caso de una mujer que es empleada doméstica, con escasa instrucción y figuraba como titular de una de las empresas que utilizaba las facturas falsas. Es una persona vulnerable, que nade tiene que ver con la de responsable de una empresa, por eso nos da toda la impresión que su nombre fue utilizado para figurar como titular de una empresa con una gran cantidad de empleados y un movimiento económico gigantesco mientras su situación económica es todo lo contrario. El daño moral que se le causó a esta persona es tremendo y esto también lo tendrán que pagar los detenidos. Esta mujer fue detenida, separada de su familia, sometida a un tremendo estado de estrés».
En cuanto a esta última firma, «no era fantasma, compraba las facturas falsas generadas por la empresas creadas por la banda que hacía este trabajo. Aquí había tres puntas: los que sustraían la clave fiscal; los que generaban las empresas a nombre de las personas a las que le habían robado la clave fiscal y los clientes. Los que mayor beneficio sacaban son las empresas existentes, porque ellos adquirían las facturas falsas y las presentaban ante la Afip para no pagar impuestos».
No alcanza con devolver
Senestrari sostiene que esto debe incluirse en el futuro juicio «para que los autores de estos hechos no jueguen con esto de: ‘hago, pago la deuda de mis impuestos, me voy a mi casa y aquí no ha pasado nada’. No puede ser de esa manera. Esto es muy grave, lo han realizado en una buena parte del país involucrando y dañando a muchas personas las que en muchos casos no podía acceder al beneficio del (Ingreso Familiar de Emergencia) o la Asignación Universal por Hijo (AUH) o no podían facturar un trabajo como monotributista porque le habían sustraído su clave fiscal y los hacían aparecer como grandes empresarios que facturaban fortunas».
¿Seguirán detenidos?
De los 9 detenidos en esta región, solo uno, Domingo Benso, está a disposición del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, mientras que el resto se encuentra a disposición conjunta de él y de su par de Córdoba Ricardo Bustos Fierro. «Los casos en donde se cruzaban los hechos que investigaba el fiscal federal de San Francisco Luis Viaut con los que investigábamos nosotros, motivó que actuáramos de manera simultánea y coordinada los tres fiscales. Los detenidos serán indagados por los delitos que investiga el fiscal Viaut y por lo que hayan hecho en los casos que investigamos nosotros, esto significa que si un juez de los dos le otorgara la libertad a uno de los detenidos, esta medida dependerá de que el otro magistrado coincida en la decisión», explicó Senestrari.
«De no ocurrir así, puede suceder que la persona va a quedar a disposición del juez que aún no resuelve su libertad o que directamente dice que no corresponde la excarcelación. Estos son criterios diversos que pueden tener los magistrados y es algo que también se va a discutir», aclaró.
Para el fiscal cordobés, existe riesgo procesal: «La persona puede fugarse si queda en libertad o bien entorpecer la investigación, sea intentando desviar testimonios, ocultar documentación, generar pruebas falsas, todo lo que pueda hacerse para evitar que una investigación llegue a conocer la verdad».
Lo que se sabe hasta ahora
– La causa se inició a partir de una investigación ordenada por la Afip.
– Más de 30 imputados en todo el país tras unos 90 allanamientos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
–10 detenidos. En Devoto fueron detenidos Domingo Benso, gerente del Grupo Cooperativos Devoto; Diego Manzotti y el matrimonio compuesto por Mauricio Pizzi y María Abtt. En San Francisco los allanamientos derivaron en la detención de los contadores Miguel Montali, Lucas Zopetto y Marlene Von During, esta última, esposa de uno de los prófugos.
En Morteros, fueron detenidos otros contadores: Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo, y Pablo Barbieri. Todos permanecen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba Capital.
– 2 prófugos. Son buscados por la Justicia Federal los hermanos Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero.
–2.800 serían las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones.
–$430 millones la cifra que entre los años 2017 y 2020 se evadieron impuestos.
–¿Se filtró información? El fiscal Luis María Viaut analiza escuchas telefónicas para determinar si se filtró información sobre cómo iba a actuar la Justicia el 31 de agosto. Viaut cree que estudios contables fueron avisados de antemano y ocultaron documentación clave para la investigación.
El fiscal indicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que envió un oficio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce) solicitando información sobre la designación de los veedores que debe aportar a los fines de no ser declarado nulo el procedimiento. «Queremos saber si se produjo una filtración», dijo Viaut.
–La versión de la mutual de Devoto. Desde el Grupo Cooperativo Devoto salieron a respaldar a su líder Domingo Benso y apuntaron a que un usuario de Internet realizó las maniobras de estafa utilizando la conexión IP de la cooperativa, prestadora del servicio en el pueblo. Con «el IP utilizado por un usuario del servicio se emitieron facturas truchas y peor aún mediante hacker se cambió la condición tributaria de algunos ciudadanos en Afip lo que permitía operar con ese nombre», dijeron y aclararon que «la Cooperativa prestadora desde cuyo IP se actúa no es responsable del uso que cada usuario le da al servicio».
–Municipios de la región, en la mira. La presunta red de usinas de facturas falsas tendría ramificaciones en todo el país. Al menos tres municipios de nuestra región también habrían adoptado esta metodología para declarar gastos en actividades municipales.
–Casos testigo: fueron imputados los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto. Están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.Otros funcionarios figuran como partícipes necesarios.
Informe: La Voz de San Justo
