Más sectores a favor de exigir un test negativo a los empleados que no quieren vacunarse

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La resistencia de una parte de la población a vacunarse contra el Covid-19 comenzó a generar roces y problemas en diversos ámbitos laborales, tanto estatales como privados, lo que está llevando a muchos empleadores a evaluar la posibilidad de exigir test negativos de manera periódica a sus dependientes como requisito para volver a trabajar de modo presencial.

El primer planteo concreto en este sentido llegó por el lado de la administración pública provincial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió pedirle un PCR negativo cada 72 horas, costeado de su propio bolsillo, a todo aquel empleado que decida no vacunarse. El que no lo haga, tendrá licencia sin goce de haberes. Sólo quedan exceptuados de esta obligación aquellos agentes que presenten alguna prescripción médica.

Un grupo de 60 empleados judiciales ya planteó su disconformidad con esta acordada del TSJ, y presentó un recurso de reconsideración que por estas horas está siendo analizado por el propio tribunal. No obstante ello, fuentes del Palacio de Justicia dejaron trascender que la decisión confirmará la exigencia dispuesta en la resolución original.

Este jueves se sumó planteando un requisito similar para los docentes de todos los niveles el Ministerio de Educación de la Provincia. El titular de esa cartera, Walter Grahovac, dijo que los docentes que no deseen vacunarse tendrán a partir de ahora que presentar un test negativo todos los lunes, antes de comenzar la semana laboral. “Si no lo hacen, no van a poder ingresar a las escuelas. Y tendrán falta injustificada, y si es falta injustificada no van a poder cobrar esos días”, advirtió el funcionario.

Además, consideró: “Puede haber derechos individuales, pero no hay derecho a ser vector de una pandemia que podría arrasar con los riesgos y contagios”.

Según Grahovac, “el que no quiere vacunarse no tiene derecho a poner en riesgo al resto. Los PCR son gratuitos”, recordó, y precisó que son unos seis mil los docentes en toda la provincia que aún no manifestaron su voluntad de vacunarse. “El que no se quiere vacunar va a tener que ir todas las semanas a hacerse un testeo para poder ingresar a la escuela”, insistió el ministro.

Al mismo planteo se acopló ayer el infectólogo cordobés Hugo Pizzi, cuestionando a quienes se resisten a recibir la vacuna o a presentar un hisopado negativo para volver a trabajar. “Bueno, hay otras alternativas. Los chinos hace mucho tiempo que usan, por la característica biológica del virus que se acantona en el ano, el hisopado anal. Entonces, podrían optar por el hisopado anal que es tan efectivo y hasta quizás más que el hisopado nasal”, sostuvo.

La mayoría de la población adulta en Córdoba ya cuenta con una dosis aplicada. (Pedro Castillo)

Semanas atrás, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, también había cuestionado a quienes reniegan de la vacunación contra el Covid-19, y adelantó que aquellos empleados municipales que no estén inmunizados perderían una serie de beneficios laborales.

“A los empleados que no se vacunen le vamos a sacar los incentivos económicos, como ciertas bonificaciones que dependen de la intendencia”, señaló. Y advirtió que podrían aplicarse “otras medidas más restrictivas” en caso de que haya trabajadores que sigan rechazando la vacuna.

LOS PRIVADOS LO EVALÚAN

Aunque sin llegar a tomar todavía medidas concretas en este sentido, desde el ámbito privado también comienza a analizarse la posibilidad de exigir test negativos de coronavirus a los trabajadores que decidan no vacunarse.

“Nosotros propiciamos el acuerdo entre las partes, y que se mantenga la libertad de decisión de cada persona en relación a la vacuna. Pero la verdad es que los empleadores tenemos también la responsabilidad de cuidar la salud de todos nuestros trabajadores”, dijo José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC). “Hay que minimizar el riesgo de contagio en los ámbitos laborales, y para ello, exigir un test negativo a los que no quieres vacunarse es una buena alternativa”, entendió.

Lo mismo opinó Víctor Palpacelli, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (Casac). “Cuando se exige la vacunación, no sólo se piensa en la salud de esa persona, sino en la de todo el personal, e incluso en el cuidado de los propios clientes. Nosotros, en nuestros locales, tratamos de incentivar, de convencer a aquellos trabajadores que no se han vacunado, para que cambien de parecer. Pero después de agotar esa instancia, sería posible avanzar con otro tipo de medidas, como por ejemplo pedirles un PCR negativo, para que no contagien al resto”, expresó el directivo.

Campaña de vacunación en el Centro de Convenciones Córdoba. (José Gabriel Hernández)

Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), también valoró esa posibilidad. “Por ahora, las empresas están tratando de congeniar con las personas que no se quieren vacunar”, dijo, pero agregó que le parece una buena idea que los empleados paguen de su bolsillo periódicamente un test de coronavirus. “Y si no, que se queden en sus casas, a cargo de ellos con respecto al sueldo”, sumó.

Uribarren, de todas maneras, se mostró prudente: “El Estado por ahí tiene potestades que el privado no. Hasta ahora, lo que hemos averiguado es que esto se puede hacer. Pero habría que estar seguros de que no hay ningún impedimento legal para hacerlo”, explicó.

Con una postura diferente, Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, se mostró contrario a esta exigencia. “Aunque impulsamos fuertemente la vacunación entre nuestros empleados, no queremos plantearles algo coercitivo. Lo mejor sería que el Gobierno estableciera la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid, para no tener que ser nosotros los que tomemos tal o cual decisión con los empleados que no quieren vacunarse”, sostuvo.