Córdoba: buscan regularizar el pago de 10 mil viviendas sociales

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El Gobierno de Córdoba está embarcado en una tarea para nada sencilla: tratar de que regularicen los pagos más de 10 mil familias que en los últimos años –o décadas– resultaron adjudicatarias de una vivienda social, pero dejaron de pagar las cuotas y hoy están en una situación irregular.

En rigor, se trata de 10.681 viviendas que están en esa situación, el 18 por ciento de las 58.443 adjudicaciones administradas por la Provincia en los últimos años a través de distintos planes, entre los que se destacan los del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Poco más de la mitad de esas cuentas han sido canceladas (30.038), mientras que 17.724 adjudicaciones se vienen pagando en tiempo y forma, o con una mora “aceptable” de hasta cinco meses. El resto, por una u otra razón, directamente no están siendo regularizadas.

Así se lo informó a La Voz Facundo Chacón, subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de la Vivienda Social del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. “Venimos bien, regularizando muchos planes. Antes de la pandemia, las cuentas irregulares superaban el 30 por ciento. Pero aún resta mucho por hacer”, reconoció el funcionario provincial.

Ya desde hace unos años, para la regularización de los planes de viviendas sociales el Gobierno provincial reconoce a los adjudicatarios lo abonado a valor histórico, y el saldo impago se recalcula usando como base el Índice del Costo de la Construcción (ICC).

Luego, la cuota mínima que se comienza a pagar es de un tercio del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), con lo cual hoy ronda los 13 mil o 14 mil pesos por mes. “Hay algunas excepciones, que tienen que estar muy fundadas, a través de las cuales la cuota que se determina ronda los 7.500 pesos”, aclara Chacón.

Dichas excepciones se aplican para jubilados que cobran la mínima o mujeres solas con hijos a cargo. En esos casos –que deben ser planteados por los mismos adjudicatarios, y que se analizan uno a uno–, se achica la cuota pero se estiran los plazos de pago.

En todos los casos, la tasa de interés aplicada es del cero por ciento, pero las cuotas se ajustan tomando como base el Índice de Variación Salarial (IVS).

Con aquellos adjudicatarios que siempre estuvieron al día con sus pagos, se les reconoce el cumplimiento a lo largo de los años y pueden seguir pagando la casa a valores históricos, con cuotas que en muchos casos no superan los 500 pesos.

Chacón explica que hay infinidad de situaciones que han llevado a que una familia haya dejado de pagar su casa. Desde el fallecimiento del titular sin que se haya hecho la sucesión, pasando por el divorcio de los cónyuges, hasta casos en los que la propiedad fue “vendida” a través de una cesión de derechos, algo que está prohibido por normativa.

Viviendas sociales. (La Voz / Archivo)
Viviendas sociales. (La Voz / Archivo)

En otros, el adjudicatario directamente dejó de pagar sin una razón aparente, quizá pensando que porque se trataba de una casa otorgada por el Estado, nadie se la podía quitar.

“En el proceso de regularización que venimos llevando adelante, todos los casos se analizan y se tienen en cuenta las diferentes situaciones. Pero la idea es que todo el mundo pague por su casa”, expresó el funcionario provincial.

DESADJUDICACIÓN

En los últimos años, la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de la Vivienda Social ya ha enviado más de 300 mil notificaciones a los adjudicatarios con cuotas en mora, “invitándolos” a que regularicen su situación.

“De apoco, y con una actitud firme de la Provincia, la gente responde. Estamos yendo casa por casa para que los titulares refinancien la deuda, y al mismo tiempo mejoramos los sistemas informáticos para que el trámite sea más rápido y sencillo”, afirma Chacón.

No obstante ello, aún quedan muchas cuentas sin regularizar, y en esos casos el incumplimiento podría llegar a derivar en la desadjudicación del plan.

“Si un adjudicatario no paga, pudiendo hacerlo, estamos iniciando acciones administrativas y judiciales. Y si es necesario, se llega al desalojo, aunque no es el espíritu de esta gestión. Pero la gente tiene que entender que tiene que pagar por su casa, para que con ese dinero otras familias puedan hacer lo mismo”, indicó el funcionario.

El año pasado, se han recuperado 420,4 millones de pesos de planes que estaban en situación irregular. Y en lo que va de este 2022, la cifra llega a los 225,5 millones de pesos.

Con esos fondos, más el aporte que hace la Nación a la Provincia para la construcción de viviendas (para este año está previsto el ingreso de 3.600 millones de pesos), se financia el programa de hábitat “Vivienda Semilla”.

Los fondos que llegan desde la Nación son de asignación específica para viviendas: un 30 por ciento para la realización de obras de infraestructura, servicios y compra de tierras, y el 70 por ciento para la construcción de casas sociales.

ESCRITURAS “EN MORA”

La Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de la Vivienda Social también viene avanzando en los últimos años en la escrituración de viviendas sociales, algunas construidas en la época de la última dictadura militar, hace más de 40 años.

A medida que las familias van cancelando sus deudas, la Provincia les ofrece la escrituración gratuita de las casas, un beneficio que si tuvieran que pagarlas ellas mismas rondaría entre los 100 mil y los 150 mil pesos.

En los últimos años ya se escrituraron más de cinco mil viviendas a través de este programa provincial.

“Lamentablemente, hay gente que no escritura la casa pudiendo hacerlo. A pesar de que se las gestionamos de manera gratuita. No entendemos por qué pasa eso, aunque sospechamos de algún factor de tipo impositivo, ya que con la vivienda a su nombre el titular debe comenzar a pagar los impuestos inmobiliarios”, entendió Facundo Chacón, titular de la subsecretaría.

Otra hipótesis es el temor –infundado– a perder algún tipo de plan o subsidio social por el hecho de tener una propiedad a su nombre.

Frente a esta situación, también se está evaluando la implementación de algunas acciones que obliguen a las familias a terminar con el trámite de escrituración de sus viviendas.