Cobro de plus en salud: para el defensor federal de San Francisco “podría ser un delito”
“La obra social tiene convenio con los servicios médicos y las prepagas tienen contratos de servicio que provee con otros prestadores, pero al margen de eso le cobran al afiliado un plus con un pretexto que sería que los honorarios pactados quedaron desactualizados. Pero antes deberían volver a pactar esos honorarios, renegociarlos de acuerdo a la situación económica porque quien termina quedando en el medio y siendo un rehén es el afiliado que en ese momento tiene una urgencia médica”, explicó.
El pasado 14 de septiembre, las clínicas de San Francisco acordaron este pago adicional de 2.500 pesos, medida que no corre para los afiliados de Apross y Pami.
Con matices, los copagos o adicionales se vienen cobrando en servicios privados de toda la provincia, pero sin uniformidad. Hay clínicas y médicos que los cobran y otros que hasta ahora no apelaron a esa medida. Desde el 1° de octubre, además, se empezó a aplicar –también con matices– a nivel nacional.
El reclamo de médicos y clínicas es por los bajos montos que cobran y por las demoras con que obras sociales y prepagas les facturan, acentuados ambos problemas por el contexto de alta inflación.
La posición asoma como la primera que en forma pública se da desde un ámbito judicial sobre el conflicto. Mientras, los ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación no se han pronunciado expresamente.
ALTERNATIVAS
Consultado sobre qué debería hacer el paciente, Lozada indicó: “Primero negarse a pagarlo, ir a la obra social y prepaga, comentar la situación y exigir la prestación médica que el afiliado tiene por convenio o contrato”.
Si esto no es posible porque la persona debe atenderse sí o sí en ese momento y decide abonar el copago, el defensor público federal pidió tratar de documentar ese pago para luego reclamar su reintegro, algo complicado si no se emite un comprobante.
En caso que ante un reclamo la obra social o prepaga respondan negativamente, el afiliado puede ir a la Justicia Federal, en este caso a la Defensoría para accionar judicialmente.
“Lo más conveniente es probar la situación lo mejor posible. Filmarlo, grabarlo o tener testigo. De todos modos hay una situación generalizada, le están cobrando a todo el mundo y eso juega a favor para hacer un planteo creíble”, destacó.
Indicó que el procedimiento que se debe llevar adelante se denomina “acción de repetición”, una rápida acción donde se prueba que bajo ciertas circunstancias tuvo que salir a proveerse de un servicio que su obra social o prepaga no le quiso brindar por alguna razón. Por eso solicita un reembolso para acreditar que eso debía haberlo cubierto el responsable de haberlo abonado.
“Hay que probar la situación que demandó el pago, la negativa de quien no quiso pagarlo y el derecho a que lo devuelvan”, explicó Lozada. “Después hay que ver quien viene a hacer esta acción de repetición por 2500 pesos”, apuntó.
CGT VERSUS MÉDICOS Y VICEVERSA
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) de San Francisco advirtió dos semanas atrás a las clínicas y sanatorios privados que los denunciará, junto a los médicos, en la AFIP por el cobro de un “bono extraordinario de emergencia y no reintegrable”, de 2500 pesos, a los pacientes que necesiten realizar una consulta médica.
Su conducción manifestó que se trata de un cobro “en negro” porque no se entrega ningún comprobante de pago: “No hay facturas por este pago y si esto no se revierte vamos a denunciar al consorcio (compuesto por tres clínicas de San Francisco), los sanatorios y a los profesionales de la salud”, habían manifestado María Paula Cabrera y Claudio Rivolta, al frente de la central gremial.
El último fin de semana, la comisión directiva de Centro Médico San Francisco respondió a la CGT, indicando por medio de un comunicado: “Nos resulta altamente llamativo el aparente desconocimiento de los dirigentes sindicales locales sobre el manejo de sus obras sociales, ya que ignorarían que en la mayoría de los casos no existe el contrato vinculante que ellos alegan incumplido”.
“Lo que sí existen son convenios marco en los que no constan aranceles, debido a que estos montos son dinámicos y cambiantes, más aún en tiempos de alta depreciación monetaria como los que atraviesa el país”, explicaron y agregaron: “No es cierto que no se haya dado la posibilidad de negociar, y que se hayan tomado medidas en forma intempestiva y extorsiva’, cuando con fecha 28 de agosto de 2023 se les solicitó formalmente renovar los aranceles vigentes y la mayoría de las obras sociales y empresas de medicina prepaga no contestó”.
LA VOZ
