Código de Convivencia. La Legislatura de Córdoba aprobó sanciones más severas
La Legislatura de Córdoba aprobaba anoche, al cierre de esta edición, modificaciones en el Código de Convivencia Provincial con sanciones más severas, por ejemplo, para quienes se nieguen injustificadamente a identificarse o brinden datos falsos sobre su identidad. Y postergó para 2026 un debate que contenía los puntos clave, como la prohibición de los limpiavidrios y la limitación de los cuidacoches.
El oficialismo dio un volantazo este lunes y decidió, ante los planteos de la Iglesia Católica y las quejas de los intendentes por la aplicabilidad de la normativa, postergar estos cambios más peleados en la Unicameral.
Por lo que, en el recinto, las modificaciones al Código de Convivencia conseguían anoche una amplia mayoría en general con el aval de todo el bloque oficialista, del radicalismo, el PRO, el juecismo y de otras bancadas minoritarias. Aunque con varios rechazos en particular por parte de la UCR y el Frente Cívico.
Este acuerdo que llegó al recinto fue luego de una extensa y peleada Comisión de Seguridad, en la que el PJ accedió a cambios propuestos por la UCR, el juecismo y el PRO, lo que le permitió al Gobierno provincial tener aprobados en forma parcial los cambios propuestos y no postergar hasta febrero la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien fue el encargado de defender un código más severo.
Las modificaciones acordadas
Finalmente, entre los cambios que los legisladores aprobaron se estableció que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y se fijó la figura de la reiterancia, que refiere a que una persona quede imputada por una infracción antes de que quede firme una sentencia anterior. También se creó un registro de antecedentes contravencionales y se agravaron las penas por ocultamiento de rostro, peligro de incendio y evasión de control policial.
Otro de los puntos acordados fue establecer como contravención los agravios al personal educativo, de salud, de las fuerzas de seguridad y de bomberos; la disposición ilegal de residuos; la organización de fiestas clandestinas; y las conductas sospechosas o el merodeo en zonas rurales, entre otros.
Lo que se postergó
Los puntos pendientes que dejó el oficialismo fueron el impedimento a cuidacoches sin autorización, la prohibición de los limpiavidrios y de transitar sin documentación, y de circular con más de un ocupante en una moto de noche, además de la omisión de la vacunación obligatoria.
“Quiero que algo quede claro: no estamos dando marcha atrás en la legislación sobre naranjitas y limpiavidrios. Le estamos brindando tiempo a los municipios para adecuarse a la futura normativa. En el último año, tan sólo en la ciudad de Córdoba hubo más de 300 aprehendidos por delitos y contravenciones mientras realizaban esta actividad”, explicó la justicialista Nadia Fernández, quien este lunes pidió licencia en su cargo para ocupar la Secretaría General de Lucha contra el Narcotráfico, el Crimen Organizado y las Políticas Penitenciarias.
Torres: Escuchamos los pedidos
También Facundo Torres, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, advirtió que fue una decisión para continuar con el debate y que una de las razones fue “escuchar el pedido de los intendentes”.
“Entendemos que el Código de Convivencia debe tener una amplia legitimación política y social. No sólo tiene que salir con el acompañamiento de la mayor cantidad de legisladores y bloques, sino también de la sociedad para que tenga aplicación efectiva en el territorio y sea legitimado desde lo social”, aseguró.
Apoyos con críticas en la oposición
En la oposición, hubo bloques que reconocieron que el PJ haya postergado el debate de temas como cuidacoches y limpiavidrios, y destacaron que acompañaron el proyecto porque se aceptaron cambios realizados.
“Celebramos, pese a este debate a contrarreloj, que existió vocación de escucharnos, de escuchar lo que pasa afuera, las propuestas y a los miembros de la oposición. Podemos mejorar los niveles de consenso y dar un mensaje claro a la ciudadanía”, dijo la radical Brenda Austin.
Alejandra Ferrero también hizo mención al intento del Gobierno de aprobar las prohibiciones. “Este es un gobierno que no da respuesta, que no dialoga, que actúa por imposición, que atropella la democracia. Se llena la boca de libertad, pero respira represión”, aseguró la radical.
En la votación en particular, la UCR se abstuvo en la figura de reiterancia, al igual que el juecismo, entre otros puntos. Tampoco el delasotista Bernardo Knipscheer levantó al mano y se diferenció del oficialismo.
Nostrala: Hubo un freno a la locura
Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, también adelantó que acompañaban los cambios al código, aunque advirtió que no están dispuestos a avalar prohibiciones “sin darles una solución o una alternativa”.
“Menos mal que alguien le puso un freno a esta locura y a la prepotencia de buscar una solución sin una respuesta. Hay que buscar alternativas para esta gente que trabaja, que está en las esquinas y se gana el peso; no se les pueden meter una patada”, dijo Nostrala.
Y apuntó al ministro Quinteros como autor del proyecto. “Gracias a Dios que esto se pudo frenar, que la Iglesia se hizo escuchar, algo que no escuchaban de la oposición”, agregó.
Oscar Agost Carreño (PRO) se lamentó que el PJ no haya avanzado en las limitaciones a cuidacoches y limpiavidrios, aunque destacó: “Celebro haber alcanzado un consenso que contempló las modificaciones propuestas, siendo la más importante la eliminación de la prohibición para que dos personas puedan circular en una moto”.
El radical disidente Dante Rossi se mostró en contra de avanzar con prohibiciones. “No podemos dejar a esta gente en la calle, que se gana el peso, que está enferma, que tiene necesidades. Sí aplicar el rigor de la ley y perseguir a quienes cometan delitos”, expresó.
También se expresaron a favor en general el legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) y la radical Graciela Bisotto.
La legisladora Luciana Echevarría fue la más crítica del recinto y aseguró que el Gobierno provincial quiere “detener a los pobres”. Fue la única que no acompañó en general ni en particular.
Gregorio Hernández Maqueda fue otro de los legisladores, como autor de uno de los proyectos sobre el cuidacoches, que criticó al Gobierno provincial. “Nosotros vamos a insistir. Cueste lo que cueste. En materia de dignidad y libertad no vamos a negociar”, dijo.
Avales para la Procuración Penitenciaria
Además, en la última sesión del año, el oficialismo aprobó con una mayoría ajustada cambios en la orgánica. Este proyecto tuvo el rechazo de juecistas y radicales, que criticaron que no hay “un achicamiento” en los cargos del Estado.
Esta incorporación estableció la creación del Ministerio de Vinculación, a cargo de Miguel Siciliano.
Al cierre de esta edición, se esperaba también que la Legislatura de Córdoba diera los avales a quienes integrarán la Procuración Penitenciaria, un nuevo organismo que creará cargos vitalicios. Para este debate, cerca de la medianoche, el justicialismo aguardaba una votación ajustada, ya que no contaría con los votos del radicalismo ni del juecismo, con fuertes críticas a los nombramientos.
Entre los avales, se esperaba que la actual fiscal General Adjunta Bettina Croppi fuera propuesta para ocupar el cargo de procuradora penitenciaria, una silla que la equipara con un vocal del Tribunal Superior de Justicia y le da el control del funcionamiento de las cárceles cordobesas.
La Procuración Penitenciaria se creó el 11 de diciembre último, en medio de una fuerte polémica. Por lo que a la nueva estructura que se hará cargo Croppi, se sumarán otros nombres.
Para secundarla, se trataban los avales para el actual fiscal Iván Rodríguez, quien actuó en una causa paralela al caso del Neonatal. Los pliegos de Rodríguez lo proponían como procurador penitenciario adjunto.
También fue propuesta y se esperaba la votación para la adjunta de la Procuración Penitenciaria de la abogada Guadalupe Trillo, de extrema confianza del gobernador Martín Llaryora; y para la radical María Florencia Degano, actual subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas. Su postulación fue una de las más debatidas en el seno de la UCR, que insistió en estos días en que no se trató de “un pacto” con el peronismo.
Además, Néstor Gómez, quien dejará de ser defensor general adjunto, contaría con los votos para asumir como uno de los adjuntos en la Fiscalía General. También se tratarían los pliegos para designar a Melani Mattia como secretaria técnica de la Procuración Penitenciaria; y a Jorge Folloni como defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa.
LA VOZ
