Docentes denuncian descuentos de hasta el 95% en sus sueldos en Córdoba
Docentes y trabajadores estatales de la provincia de Córdoba denunciaron descuentos “desmedidos e ilegales” en los salarios correspondientes al mes de enero, con retenciones que en algunos casos alcanzaron hasta el 95% de los haberes. La situación dejó a numerosos empleados con montos inferiores a los $50.000 e incluso con apenas $1.900 para afrontar todos los gastos de febrero.
El conflicto se desató luego de que el Banco de Córdoba (Bancor) diera marcha atrás, sin previo aviso, en una modificación del sistema de pago de tarjetas de crédito que había sido anunciada con dos meses de anticipación. Según relataron los afectados, la reversión de esa medida impactó directamente sobre las cuentas sueldo, bajo los conceptos “DEUDA BPC” y “DEUDA CBSA”.
Frente a este escenario, alrededor de 1.000 trabajadores comenzaron a organizarse de manera colectiva, realizaron protestas y evalúan avanzar con una demanda judicial. Nicolás Caro, docente y uno de los referentes del reclamo, explicó que la problemática no afecta únicamente al sector educativo. “Nos escribieron empleados de salud, trabajadores públicos y hasta policías contando que les pasa lo mismo”, aseguró.
Los testimonios reflejan una situación crítica para las familias. “Cobro $550.000 y me quedaron $3.100. Hay personas que cobran un millón de pesos y les dejaron $1.900”, relató Caro. Desde los grupos de afectados advierten que la medida vulnera derechos laborales básicos y contradice los límites legales establecidos para los descuentos salariales.
Organización y asesoramiento legal
Tras los descuentos, los trabajadores conformaron grupos de organización y mantuvieron reuniones virtuales con abogados que brindan asesoramiento gratuito. El abogado Fernando Layus, de Cruz del Eje, sostuvo que las retenciones “son ilegales porque violan derechos constitucionales y normas de la Organización Internacional del Trabajo que protegen el salario frente a embargos excesivos”.
Layus también cuestionó el rol de Bancor en el manejo de las cuentas sueldo, al señalar que no permite a los trabajadores elegir otra entidad bancaria, lo que —según indicó— lo coloca en una posición de “juez y parte”. La estrategia legal apunta a presentar una acción de amparo con una medida cautelar para frenar las retenciones y fijar un tope máximo del 20% sobre los haberes.
Reclamo gremial al Gobierno
La situación generó una fuerte reacción de los gremios estatales. En un comunicado conjunto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y otras organizaciones exigieron al Gobierno provincial que intervenga de manera urgente ante el Banco de Córdoba.
“Los descuentos afectan casi la totalidad de los ingresos de docentes, trabajadoras y trabajadores estatales y jubilados, generando una situación crítica”, advirtieron. Además, solicitaron una audiencia urgente con el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y reclamaron que se establezca un tope a las retenciones, similar al que rige para los embargos judiciales.
Mientras avanzan los reclamos administrativos y judiciales, los docentes y estatales continúan visibilizando la situación y no descartan nuevas medidas de protesta. El objetivo, señalan, es recuperar los salarios descontados, evitar futuras quitas abusivas y lograr la libertad de elegir en qué banco cobrar sus haberes.
