Legislatura de Córdoba. Con un debate fuerte, se aprobó el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría en la sesión ordinaria de este martes el apoyo a la cuarta marcha federal en defensa del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Fue el momento de mayor tensión en el recinto por algunos cruces entre los legisladores.

El recinto fue escenario de poco debate y varios pedidos de informe que no lograron los dos tercios necesarios para ser tratados sobre tablas, por lo que se trató –como la calificaron, incluso, algunos legisladores– de una sesión “planchada”, en una discusión política que no avanzó demasiado.

El último punto del día fue planteado por la legisladora justicialista Karen Acuña, la que pidió abrir el debate para acompañar la marcha federal por la educación. La mayoría del arco opositor acompañó, por lo que la declaración logró ser aprobada, aunque con varios gritos y chicanas entre las bancadas.

“Desde 2023 hasta la fecha asistimos al mayor ajuste en la educación de este siglo, sobran las razones para acompañar la marcha… el Presidente en lugar de cumplir su mandato, le toma el pelo. Es el arte de no cumplir y desfinanciar, la ley está vigente por eso marchamos por el cumplimiento para que el Presidente no haga oídos sordos por salarios dignos, por la educación porque es la columna vertebral”, dijo.

También la legisladora radical Brenda Austin avaló el planteo del oficialismo. “Nuestro bloque no solo acompaña a la educación pública, sino que vamos a respaldar y seguir pidiendo que sea prioridad”, señaló.

El debate se recalentó cuando el legislador liberal alineado con el Gobierno nacional Gregorio Hernández Maqueda puso el acento en la educación provincial y aseguró que “se busca hacer política con este tema”. “Vengo a discrepar porque me preocupa porque esta defensa que quieren hacer de la educación pública es para desviar la atención y no mirar el problema en el Gobierno provincial”, expresó.

“No buscan mejorar la educación, buscan hacer política, y esta Legislatura no es el Congreso nacional, no nos eligieron para opinar sobre esto, pero acá parece que algunos legisladores quieren correr antes que caminar y usan el recinto como tribuna para hacerle la oposición al Gobierno nacional”, dijo el legislador. Juan Manuel Llamosas, quien presidía la sesión, le pidió varias veces que volviera al tema, pero Hernández Maqueda siguió con críticas a la Provincia.

“Hacen silencio sobre la educación provincial con una universidad provincial manejada por el gobernador, pero este debate no lo dan, no hablan de transparencia, igual que las inefables agencias, que no tienen el control preventivo”, se quejó y hubo varios gritos de descontento del bloque oficialista. “No tienen autoridad moral, no son creíbles y hacen política berreta”, afirmó.

Le siguió el juecista Walter Gispert, quien adelantó que el Frente Cívico acompañaba la adhesión a la marcha federal, pero que pese a las diferencias con el legislador Hernández Maqueda coincidió en críticas a la educación provincial.

El legislador opositor cuestionó que la Policía haya intervenido en una asamblea de Uepc. “Acá no se hagan los distraídos y cumplan con la ley provincial… vamos a la marcha, pero defendamos la educación, repudiamos la presencia de la policía en Uepc, nunca en mis 30 años en educación vi esto, y de una vez hablemos de la universidad provincial”, dijo.

La legisladora de la izquierda Noelia Agüero fue una de las más duras contra el Gobierno provincial y sumó críticas a la administración de Llaryora por los salarios docentes, el presupuesto y el último episodio en la asamblea gremial. Esto generó un cruce con el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres.

“Este gobierno no actúa solo y tiene cómplices, Llaryora es uno de los gobernadores cómplices del Gobierno nacional”, afirmó en un debate que se cerró con la aprobación por mayoría a pedido del oficialista Abraham Galo, que apoyó el proyecto.

Tal como en otras sesiones, los legisladores provinciales intentaron abrir el debate a planteos contra el Gobierno nacional, pero los proyectos no llegaron a ser debatidos porque no reunieron los dos tercios para su tratamiento sobre tablas.

La justicialista Doris Mansilla pidió el tratamiento de un proyecto de resolución para instar a los legisladores nacionales a que rechacen el proyecto del Ejecutivo nacional “contra el fraude de pensiones por invalidez”. Tampoco llegaron a ser abordados el repudio presentado por Marcelo Eslava “por la falta de respuesta del Gobierno nacional ante la deuda del Pami a los municipios”; al igual que la propuesta de los oficialistas Matías Chamorro y Mariano Lorenzo, en defensa de los barrios populares.

En la UCR, el bloque apostó a un proyecto de la radical Alejandra Ferrero que le reclamó al Gobierno provincial por control y denuncias sobre las plataformas ilegales del juego on line.

La legisladora responsabilizó al gobernador Llaryora por no avanzar en una resolución que lleva su tiempo. “Fracaso absoluto en el control del juego on line. Llaryora no reglamentó la ley del juego y no bloqueó las más de 290 páginas clandestinas que aprobamos en la Legislatura en 2024. Niños, niñas y adolescentes siguen expuestos a una de las adicciones más peligrosas”, expresó Ferrero.

Miguel Nicolás cuestionó con un proyecto de resolución la acción de la Policía en el marco de un operativo en un hotel alojamiento en Córdoba. Esto fue al inicio de la sesión, cuando el clima todavía no había comenzado a recalentarse. Mientras que su par de bancada Oscar Saliba pidió explicaciones sobre los incrementos en la tarifa de energía aprobados por el Ersep.

El bloque juecista apuntó a un proyecto de Nancy Almada sobre los actos en la compra de domos por parte de la Policía, lo que generó un cruce con el PJ, que pidió el cierre del debate.

“El ministro de las cámaras. Porque al ministro (Juan Pablo Quinteros) le preocupa más la cámara que lo filma un canal de TV que las cámaras de seguridad de la calle. Mientras, 50% de sobreprecio en software de IA sin justificación técnica. ¿Cómo explican que se hayan esfumado 150 terminales móviles de comunicación compradas a principio de año?”, preguntó.

Torres salió a responderle y acusó al juecismo de “hacer política”. “Hablan de los domos como juguetes, denostando la función que cumplen… hay una clara dirección política para denostar el esfuerzo”, insistió.

También el legislador Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal, intentó abrir el debate con pedidos de informe sobre un programa de refinanciamiento de deudas destinadas a las fuerzas policiales, sobre el fondo complementario para obras en los municipios y sobre la exigencia de requisitos a los jubilados para acceder a la exención en Rentas. Tampoco consiguió el apoyo del oficialismo para que se abriera el debate, por lo que se trató de una sesión más corta de la habitual y con algunos momentos de mayor tensión al cierre de la discusión por la marcha federal.

“Planchada, planchada”, describió un legislador a la discusión de este martes, ya al término de la sesión.

LA VOZ