Expoagro 2026. La «nueva» Ley de Semillas, un debate caliente entre productores y el Gobierno
En el marco de Expoagro 2026, los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace participaron de un debate con autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encabezadas por Sergio Iraeta, para discutir la actualización de la Ley de Semillas.
El encuentro dejó en claro que el intercambio entre el Gobierno y los productores será intenso, ya que se trata de una normativa clave para el funcionamiento del sistema productivo.
El panel se realizó en el stand oficial de la cartera agrícola dentro de la muestra y también contó con la presencia de representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea).
Si bien el clima fue institucional, el intercambio dejó entrever diferencias que podrían profundizarse cuando la discusión avance en el plano legislativo.
Los planteos
Uno de los puntos de coincidencia es que la legislación vigente, sancionada en 1973, necesita una actualización frente a los avances tecnológicos, la expansión de la biotecnología y los cambios en la dinámica del agro argentino.
Durante el encuentro, la Mesa de Enlace presentó a los funcionarios una propuesta elaborada en conjunto por las entidades rurales, con aportes de Crea y Aapresid, que busca servir como base para discutir una nueva normativa.
Uno de los aspectos centrales es la regulación del denominado “uso propio” de semillas, que permite a los productores guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente.
El planteo del ruralismo contempla mantener ese derecho para los productores, aunque abre la puerta a establecer esquemas diferenciados según la escala de cada explotación.
En ese marco, se analiza la posibilidad de que los productores de menor tamaño puedan continuar utilizando semillas guardadas sin costo, mientras que para explotaciones más grandes podría implementarse algún sistema de compensación económica para que los obtentores de mejoras biotecnológicas logren los beneficios que les corresponde.
Otro eje que genera discusión es la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional Upov 91, que amplía la protección de la propiedad intelectual sobre las semillas.
Mientras algunos sectores de la industria lo consideran necesario para fomentar la innovación y la inversión en genética, parte del sector productivo teme que implique mayores costos y restricciones para el uso propio.
Por ahora, el documento presentado por las entidades rurales no constituye un proyecto definitivo, sino un punto de partida para continuar el diálogo con el Gobierno y con los distintos actores del sistema de semillas.
La conversación pública realizada en Expoagro fue el primer paso de una discusión que promete ser una de las más sensibles dentro de la agenda agropecuaria del año, ya que se pondrá en juego el equilibrio entre la protección de la innovación tecnológica y los intereses de los productores agrarios.
