La Provincia fortalece el abordaje integral frente a las violencias en personas mayores
El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó el Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de Violencias en Personas Mayores (+60), una herramienta clave que busca fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, detección y atención de situaciones de violencia que afectan a este grupo etario.
La actividad se desarrolló en el salón “Sonia Torres”, en el Centro Cívico del Bicentenario y fue encabezada por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien compartió la jornada con autoridades provinciales, equipos técnicos y referentes institucionales.
En ese marco, Siciliano destacó la importancia de avanzar en políticas públicas que pongan en el centro la dignidad de las personas mayores: “Las personas mayores no son un sector pasivo, son protagonistas de nuestra comunidad, con historia, con derechos y con mucho para aportar. Este protocolo es una herramienta concreta para cuidarlos mejor, para actuar a tiempo y para garantizar que ninguna situación de violencia quede invisibilizada”.
Y agregó que “este tipo de iniciativas reflejan una decisión clara de trabajar de manera coordinada para dar respuestas más eficientes y cercanas. Cuando el Gobierno se organiza y articula, las políticas públicas llegan mejor a quienes más las necesitan”.
La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Inclusión de las Personas.
El protocolo establece lineamientos claros para la intervención en distintos ámbitos -familiar, institucional, comunitario o público-, promoviendo una respuesta articulada, especializada y respetuosa de los derechos humanos de las personas mayores.
Entre sus principales objetivos, se destacan la unificación de criterios para la detección temprana, la definición de rutas de actuación y la articulación con organismos de salud, justicia y asistencia social.
La secretaria de Inclusión de las Personas, Emilia Eslava, destacó la relevancia del protocolo presentado como una herramienta concreta para ordenar y unificar criterios de intervención entre las trabajadoras sociales, psicólogas y referentes que conforman los centros integrales donde asisten personas mayores.
«Este protocolo es muy importante porque no es un simple documento. El objetivo central es garantizar que las personas mayores vivan en igualdad de condiciones, con autonomía e independencia, y que puedan acceder a los espacios recreativos que les corresponden”, afirmó.
En la misma línea, la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, subrayó que hay un Gobierno provincial comprometido con el acompañamiento territorial de estas problemáticas.
El documento incorpora principios rectores como el respeto por la autonomía, el trato digno, la confidencialidad, la no revictimización y la debida diligencia reforzada, además de herramientas concretas para la detección de señales de alerta y la activación de mecanismos de protección.
Asimismo, establece procedimientos claros para la actuación ante situaciones de riesgo, incluyendo la intervención de equipos técnicos, la articulación con el Polo Integral de la Mujer y la posibilidad de activar instancias judiciales o sanitarias según corresponda.
Mirta Vorgas, referente del Centro Integral para Personas Mayores (CIPEM) de barrio SEP, destacó la importancia de contar con el acompañamiento del Gobierno provincial. Según señaló, para quienes trabajan diariamente con personas mayores resulta fundamental saber que ante cualquier situación o emergencia “tenemos alguien arriba que nos ayuda, alguien a quién dirigirnos, y eso es muy importante”.
Mario Moreno, referente del CIPEM del barrio Obispo Angelelli 2, destacó la relevancia del protocolo en relación con la violencia hacia los adultos mayores: «Las personas mayores de 60 pasan muchas situaciones de abuso, y esto es muy importante para que nosotros tengamos cómo guiarlos y llevarlos a donde les van a dar soluciones».
El acto concluyó con la firma del protocolo por parte de las autoridades, consolidando un nuevo paso en la construcción de políticas públicas que promueven el buen trato, la inclusión y el respeto por los derechos de las personas mayores en toda la provincia.
Cómo se aplica el protocolo
El protocolo establece un procedimiento de actuación para que quienes trabajan en espacios vinculados a personas mayores puedan identificar y abordar situaciones de violencia de manera temprana.
En primer lugar, ante la detección de señales de alerta —como indicios de maltrato, negligencia, abandono o vulneración de derechos— se realiza una primera escucha y contención, garantizando el respeto por la autonomía de la persona mayor y evitando situaciones de revictimización.
Luego se lleva adelante una evaluación inicial del riesgo, en la que se analizan las condiciones de vulnerabilidad, el contexto familiar o institucional y la urgencia de la situación. Esta instancia incluye la documentación mínima del caso, con el registro de la información relevante para su seguimiento.
A partir de esa evaluación, el protocolo distingue distintos cursos de actuación, que pueden incluir la formulación de una queja, la notificación a los organismos correspondientes o la activación de medidas de protección.
El procedimiento prevé además vías de derivación y articulación interinstitucional, que pueden involucrar a equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y Empleo, la Secretaría de Inclusión de las Personas, la Secretaría de la Mujer —a través del Polo Integral de la Mujer—, servicios de salud, áreas de asistencia social y, cuando corresponde, instancias judiciales.
La aplicación del protocolo se promueve en espacios que trabajan diariamente con personas mayores, como los Centros Integrales para Personas Mayores (CIPeM), programas de vivienda protegida, residencias de larga estancia y organizaciones vinculadas a la Secretaría de Inclusión de las Personas.
De esta manera, se busca garantizar respuestas coordinadas, rápidas y con enfoque de derechos, fortaleciendo la red institucional para prevenir y abordar las violencias en la vejez.
