Es oficial. Amenazas en escuelas de Córdoba: cómo es el protocolo para cobrar los gastos de los operativos
El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación de un sistema diseñado para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en establecimientos escolares.
La medida quedó oficialmente vigente tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento administrativo y legal.
Esta iniciativa busca dar una respuesta institucional a la proliferación de falsas alarmas y situaciones de riesgo que demandan una fuerte inversión pública. Según lo establecido, quienes generen estos incidentes deberán hacerse cargo de los costos económicos que ocasionan al Estado provincial.
Resolución del Ministerio de Seguridad
La medida había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pero ahora cuenta con el respaldo jurídico necesario.
La novedad radica en la aprobación del «Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos» mediante una resolución ministerial.
Esta normativa establece el mecanismo administrativo específico para reclamar los costos a los autores de los hechos o a sus representantes legales. El objetivo central es garantizar un uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que obligan a desplregar logística especial.
La puesta en marcha de este sistema responde a la necesidad de proteger el presupuesto provincial de gastos evitables. Cada operativo por amenazas en escuelas implica un movimiento coordinado de diversas fuerzas que ahora será tarifado.
Identificación de responsables y plazos de pago
El procedimiento para el cobro se activa con la intervención directa del Ministerio Público Fiscal. Este organismo es el encargado de identificar fehacientemente a los autores del hecho y a los adultos que resulten responsables.
Una vez que se logra la identificación, el Estado procede a determinar los costos operativos específicos de cada intervención realizada. Para ello, se elabora un expediente detallado que incluye todos los registros del operativo desplegado en la institución.
Posteriormente, se cuantifican los gastos incurridos por la Provincia y se procede a intimar al pago a los responsables. El protocolo establece un plazo perentorio de tan solo 5 días para que se haga efectivo el desembolso tras la notificación.
Recupero de gastos y acciones judiciales
En el caso de que los responsables no cumplan con el pago en el tiempo estipulado, el proceso pasará a una instancia superior. Se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con las acciones judiciales pertinentes para el recupero de los fondos.
El protocolo es exhaustivo respecto a qué recursos pueden ser reclamados por la Provincia en cada caso. La normativa contempla el costo de todo el personal policial afectado a la emergencia y los servicios de salud o emergencias médicas.
También se incluyen en la cuenta final las brigadas especiales, como las de explosivos, y todos los medios logísticos utilizados. La activación de estos protocolos de seguridad genera un impacto económico directo que el Gobierno busca neutralizar.
Prevención de falsas amenazas de bomba
Con la publicación oficial de esta medida, la Provincia de Córdoba da un paso clave en su política de seguridad escolar. La intención es generar un efecto disuasorio para desalentar las falsas amenazas que interrumpen el ciclo lectivo y movilizan recursos críticos.
Las autoridades enfatizaron que el mecanismo garantiza que el despliegue de operativos policiales y de emergencia sea resarcido por quienes provocan la situación de riesgo. De esta manera, se busca concientizar sobre la gravedad de estas conductas en el ámbito educativo.
A partir de esta semana, cualquier incidente de esta naturaleza en una escuela cordobesa derivará en la apertura de un expediente de recupero de gastos. El sistema ya se encuentra plenamente operativo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
