Causa AFIP: Cómo era el mapa de las «facturas truchas» desde Córdoba
Los presuntos máximos responsables de la asociación ilícita fiscal que la Justicia federal comenzó a desarticular esta semana se ubican principalmente en tres ciudades de la provincia de Córdoba: Capital, Devoto y Hernando. Esto se deduce por datos de la investigación que llevan a cabo tres fiscales y por el protagonismo de quienes serían los máximos responsables hasta hoy detenidos.
Los supuestos responsables de la creación de usinas de emisión de facturas apócrifas que se vendían a particulares para evadir los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) aumentan conforme avanza la investigación a cargo de los fiscales federales 1 y 3 de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, y el de San Francisco, Luis Viaut.
En las últimas horas, continuaron los procedimientos y se produjeron más detenciones que se suman a los imputados, que ya se aproximan a 40.
Como organizador de la asociación ilícita, está señalado Diego Alberto Vieyra Ferreyra, domiciliado en barrio Alta Córdoba. También está imputada, en un rol secundario, su hermana Natalia Soledad Vieyra Ferreyra.
En las últimas horas, se agregaron dos detenidos más en un allanamiento realizado en Hernando, uno de los cuales sería también señalado como líder de la organización. Los nombres aún no trascendieron.
En el Gran Córdoba, los involucrados son Damián Gabriel Olivieri Brizuela (Malagueño), Martín Alejandro Sarmiento (Malagueño), Belén Gómez (Malvinas Argentinas), Ruth Noemí Díaz (complejo Miracielos), Eduardo Enrique Mansilla (con domicilios en Alta Córdoba y Villa Allende), Cristian Debarre (El Bosque), Mario Ernesto Casco (Centro), María José Martínez Pizzichini (Nueva Córdoba), Paola Andrea Arévalo (Valle Escondido), Eduardo Mauricio Pinto (Cofico), Leandro Paolo Srur (Alto Alberdi), Jonatan Nahuel Suárez Cavalieri (Centro) y Oscar Luque (1º de Mayo).
En Devoto, siempre a disposición de los fiscales de Córdoba, fue detenido el empresario Mauricio Andrés Pizzi. También del departamento San Justo, están implicados Rodolfo Luis Tapiero (San Francisco), Pablo Darío Barbieri (Morteros) y Lucas Fernando Zopetto (San Francisco).
En Mendiolaza, donde se investigan actividades del municipio, se allanó la casa de Jorge Daniel Cuevas, en barrio Mendiolaza Golf.
En otras localidades de la provincia, quedaron involucrados Silvina María Valeria Rincón (General Cabrera), Sergio Daniel Sosa (Bialet Massé), Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero (estos dos de Villa María). En Arias, fueron alcanzados con imputaciones Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano.
A Edsel Daniel Destéfanis, de Hernando, detenido en la primera tanda de allanamientos, se le otorgó la prisión domiciliaria en razón de su edad y por tener problemas de salud.
En el norte del conurbano bonaerense, fueron detenidos en Bella Vista (partido de San Miguel) María Cecilia Ribera y Patricio Rolando González, y, en Olivos, César Eduardo Capella.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron alcanzados Fernando Ricardo Lozano, Fernando Ciarra, Jorge Héctor Sidero, Eduardo Gleser y Ricardo Alberto Díaz de Tuesta.
Por otra parte, también están involucrados en las imputaciones Luciano José Córdoba, de Sunchales, y Leuterio Carlos Bonetto, de Santiago del Estero.
Por ahora, en la primera etapa de la investigación, el esfuerzo se centra especialmente en los “fabricantes” de las usinas, y se avanza en menor medida contra los presuntos usuarios. La segunda etapa prevé poner mayor foco en quienes utilizaron esas facturas truchas. Se anticipa que serían miles.
En San Francisco
La investigación del fiscal Viaut detectó una alta concentración de operaciones sospechosas en Devoto y luego se verificaron conexiones con otras ciudades de la región.
Se llevan hechos unos 50 allanamientos, se detuvo a nueve personas y aún hay tres prófugos.
Los detenidos son Mauricio Pizzi; su esposa, María Abtt; Diego Manzotti, y Domingo Benzo, gerente del grupo cooperativo Mutual Devoto, estos cuatro de esa localidad; los contadores Omar y Agustín Granelli, ambos hermanos y de Morteros, lo mismo que Pablo Barbieri y los contadores Miguel Montali y Lucas Zoppetto, de San Francisco. Pizzi, Zoppetto y Barbieri, como se dijo, también están a disposición de los fiscales.
Defraudación a municipios
No como miembros de la asociación ilícita fiscal, sino como imputados por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, están incluidos en los hechos 91 y 92 de la requisitoria fiscal los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto.
Junto con ellos, los fiscales Senestrari y Hairabedian involucran en el 91 a dos funcionarios del municipio de Saldán, Daniel Osvaldo Barón y Hebe Carolina Crístori. En el 92, sólo están Salibi y Canto, como coautores. En ambos hechos, se sindica también como partícipes necesarios de este supuesto delito a los hermanos Vieyra Ferreyra.
Habría más municipios que habrían utilizado facturas truchas para justificar gastos.
LA VOZ
