Cambios en la ley de manejo de fuego: para la Mesa de Enlace, ponen en serio riesgo a la producción
proyecto para modificar la ley de manejo del fuego, impulsado por el diputado Máximo Kirchner y que ya tiene media sanción en la Cámara Baja, comenzará a debatirse en el Senado y desde el agro volvieron a advertir sobre las graves consecuencias que podrían tener los cambios previstos.
Fundamentalmente, la crítica apunta a la prohibición que establece la normativa de que no se puede vender un campo que haya sufrido un incendio ni modificar su uso de suelo durante un plazo de 30 años para zonas agrícolas y durante 60 para regiones con bosques.
“La inminente sanción de la modificación de la ley de Manejo de Fuego pone en riesgo a la producción agropecuaria en todo el territorio nacional”, tituló la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) un comunicado que difundió a la mañana.
La Mesa reiteró que se encuentra en estado de “alarma” ante esta situación y apuntó expresamente a la prohibición de venta de los campos, que ni siquiera distingue entre aquellos siniestros que fueron provocados de los que fueron accidentales.
Y también recordó que esto se aplica no solo a bosques nativos sino también a implantados, lo que agrega restricciones a las ya existentes en la ley de bosques.
Para la CEEA, “estas restricciones afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.
Esto significa que “da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, cuestionó la Mesa.
E insistió: “Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra, en especial cuando somos víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella”.
