Caso Dalmasso. Jury histórico: por mal desempeño, echaron a los tres fiscales del Poder Judicial de Córdoba

En una resolución histórica e inédita para Córdoba y para el país, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios Judiciales resolvió la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. Fueron expulsados del Poder Judicial de Córdoba por mal desempeño y negligencia grave.

No se trata de una imputación. Dejan de ser fiscales.

El tribunal del jury estuvo integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

La destitución implica que los funcionarios deberán dejar sus cargos de manera instantánea.

De todos modos, los fiscales pueden recurrir con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia si lo consideran, aunque la destitución se hace efectiva. La destitución no es imputación alguna.

Al conocerse el fallo, que se dictó a las 22.40 del miércoles, el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina estallaron en llanto y se abrazaron en medio de la sala.

La resolución avaló lo que había reclamado en la jornada de alegatos, la fiscal General Adjunta de la Provincia, Betina Croppi, quien sostuvo que los tres fiscales debían destituidos por haber actuado con “negligencia grave” y “mal desempeño” en la investigación.

De manera firme, contundente y con duros señalamientos, la funcionaria judicial sostuvo que los fiscales direccionaron durante años la pesquisa hacia el entorno íntimo de la víctima y omitieron investigar otras hipótesis, pese a la existencia de pruebas genéticas que finalmente apuntaron al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN dio positivo en diciembre de 2024. Además, dijo que se investigó más a la víctima que al autor del crimen.

Por su parte, los tres defensores de los fiscales reclamaron que sean absueltos tras remarcar que actuaron conforme a derecho, que investigaron oportunamente a Bárzola y que no hubo mal desempeño.

Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, quienes impulsaron el juicio político contra los tres fiscales tras la absolución del juicio, estuvieron presentes en la sala y volvieron a reclamar la destitución.

Los Macarrón se mostraron emocionados y conformes al conocerse el fallo.

Uno de los ejes centrales del alegato de Croppi fue la ausencia de perspectiva de género en la investigación y la utilización de estereotipos sobre la vida privada de Nora Dalmasso.

“Nunca me quedó duda de que los funcionarios construyeron una atribución sistemática de culpables basada en un prejuicio de género que se conoce bajo el concepto de mala víctima”, sostuvo.

La fiscal recordó incluso una frase pronunciada durante el juicio por Facundo Macarrón, hijo de la víctima: “A mi mamá se la trató como una mala víctima, que merecía lo que le pasó por su conducta social supuestamente reprobada”. Facundo Macarrón estuvo imputado durante cinco años por el fiscal Di Santo.

Croppi cuestionó que desde el inicio de la causa la investigación quedara atravesada por la hipótesis de que Dalmasso había mantenido relaciones sexuales consentidas antes de morir y que el crimen se había producido en el marco de un supuesto “juego sexual”.

“En lugar de preservar la escena y cuidar la evidencia, desde el primer momento se alimentó la narrativa de una mujer promiscua”, afirmó.

Según señaló, la vida privada de Nora Dalmasso fue objeto de un escrutinio constante mientras se dejaban de lado otras líneas de investigación vinculadas con un posible agresor sexual externo.

“Amantes, no terceros agresores sexuales”, resumió Croppi sobre el enfoque que, a su entender, dominaron las distintas etapas de la pesquisa. “No había ningún resquicio de la intimidad de Nora Dalmasso por invadir”, cuestionó.

El tramo más duro del alegato estuvo dirigido al fiscal Di Santo.

Croppi sostuvo que aquel instaló desde el comienzo la idea del “pobre marido engañado” y direccionó la investigación exclusivamente hacia la familia. “Jamás avanzaron sobre ninguna línea que eligiera a cualquier otro agresor sexual. Siempre investigaron a la familia”, afirmó.

La fiscal señaló además que la acusación contra Facundo Macarrón estuvo atravesada por estereotipos vinculados con su orientación sexual”.

“Se construyó una teoría casi novelesca de un descendiente (hijo) que viajaba, abusaba de su madre y la mataba, motivado por un conflicto de identidad sexual”, sostuvo.

Mientras Croppi detallaba esa acusación, Valentina, hija de Nora y hermana de Facundo, lloraba en silencio en medio de la sala, sentada al lado de su hermano y se su padre, ambos acusados en distintos momentos de la investigación y absueltos.

Croppi sostuvo que Daniel Miralles continuó con la misma línea investigativa centrada en el entorno íntimo de Nora Dalmasso, pese a que para entonces ya existían estándares nacionales e internacionales que obligaban a investigar los casos de violencia contra las mujeres con “debida diligencia reforzada”.

La fiscal remarcó que durante la gestión de Miralles no se avanzó sobre hipótesis vinculadas a un agresor sexual externo y se mantuvo la idea de que el crimen había ocurrido en el marco de relaciones sexuales consentidas. “La investigación se centró en el marido como único autor material”, cuestionó.

Respecto de Luis Pizarro, Croppi cuestionó que incluso cuando sostuvo que Nora Dalmasso había sido víctima de abuso sexual, no impulsó una acusación por ese delito. “Fue abusada sexualmente, pero nunca le trabó abuso sexual”, criticó.

Para la fiscal, tanto Miralles como Pizarro mantuvieron “la total ausencia de perspectiva de género” y desatendieron la relevancia de la prueba genética que finalmente vinculó a Roberto Bárzola con el crimen.

Croppi recordó que al momento en que Miralles y Pizarro intervinieron en la causa ya regían estándares internacionales derivados de la Cedaw y de la Convención de Belém do Pará que obligaban a investigar estos hechos con perspectiva de género y debida diligencia reforzada.

“Fue un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”, afirmó.

“Prefirieron condenar moralmente a una mujer”, añadió.

Croppi sostuvo que los tres fiscales “prefirieron condenar moralmente a una mujer y a su descendencia antes de perseguir penalmente a quien la mató”.

También cuestionó que durante años se ignorara la relevancia de la prueba genética y que no se profundizara la investigación sobre Bárzola.

“Desde el minuto uno se desatendió la prueba científica”, afirmó.

En otro tramo del alegato, Croppi criticó a las defensas de los fiscales por haber apuntado contra funcionarios que participaron posteriormente en la causa y por cuestionar procedimientos vinculados a la obtención de ADN de Bárzola.

“¿Querían, quieren hoy los fiscales que el asesino de Nora Dalmasso quede impune? Me permito dudar”, concluyó.

La defensora Luciana Caminal rechazó la acusación y sostuvo que el jury no puede transformarse en una revisión del mérito de una investigación penal.

Planteó que la actuación de Di Santo ya había sido analizada por el Juzgado de Control de Río Cuarto en 2015, resolución que, según afirmó, valoró exhaustivamente su desempeño y concluyó que la investigación se había ajustado a derecho.

Caminal cuestionó además que se presente como “obvia” la hipótesis vinculada a Bárzola cuando todavía no existe una condena judicial ni una resolución firme que determine su responsabilidad penal.

“Hoy no se sabe quién mató a Nora Dalmasso”, sostuvo.

La defensora afirmó que durante la instrucción se investigaron múltiples líneas, incluidos obreros y empleados que habían trabajado en la vivienda, y advirtió que la fiscalía pretende analizar la causa “con el diario del lunes”.

También criticó que se pretendiera responsabilizar a Di Santo por no prever una prueba genética obtenida casi dos décadas después y producto, según definió, de un “hallazgo fortuito”.

Caminal sostuvo además que el Ministerio Público Fiscal atravesaba graves limitaciones estructurales en Río Cuarto, con falta de recursos humanos y materiales, y cuestionó que se juzgue a los fiscales sin considerar esas condiciones.

El abogado Daniel Fernández, defensor de Miralles, afirmó que la acusación no logró demostrar una conducta concreta de mal desempeño. Sostuvo que las hipótesis investigativas “son posibilidades y no probabilidades” y remarcó que, para avanzar contra una persona, debían existir elementos objetivos suficientes. Fernández rechazó que Miralles hubiera ignorado deliberadamente indicios contra Bárzola y señaló que esa línea también había sido trabajada durante la investigación.

“La ausencia total de aportes indicativos impedía direccionar razonablemente la pesquisa”, sostuvo.

Además, cuestionó que se pretenda convertir en causal de destitución una diferencia de criterio investigativo. Según dijo, la acusación incurre en apreciaciones subjetivas sobre cómo debió conducirse la causa y no logra acreditar “negligencia grave”.

El defensor también destacó que la instrucción había atravesado numerosas medidas probatorias y que distintos funcionarios judiciales habían coincidido en que no existían evidencias concluyentes para avanzar contra Bárzola en aquellos años.

Carlos Pajtman, abogado del fiscal Luis Pizarro, sostuvo que la acusación carece de hechos concretos y se basa en opiniones.

“El derecho de defensa exige saber exactamente de qué se acusa”, afirmó.

Pajtman detalló que cuando Pizarro tomó la causa en 2017 ya se desempeñaba simultáneamente en varias fiscalías y tenía bajo su órbita una enorme extensión territorial y decenas de investigaciones.

Aun así, sostuvo, volvió a revisar integralmente el expediente junto a equipos técnicos y policiales especializados.

El defensor remarcó que la línea vinculada a Bárzola sí fue investigada en reiteradas oportunidades y señaló que distintos investigadores, policías y peritos no encontraron entonces elementos que permitieran sostener una imputación sólida.

También cuestionó las condiciones estructurales en las que trabajaba la Justicia en Río Cuarto.

“No había insumos, no había recursos y aun así se llevó adelante una investigación enorme”, sostuvo.

Pajtman advirtió además sobre el impacto institucional que podría tener una eventual destitución basada en diferencias de criterio investigativo.

“Si no hay una causa objetiva, no se puede destituir”, concluyó.

A la hora de las últimas palabras, el fiscal Di Santo dijo que en 38 años en el Poder Judicial siempre se desempeñó “con entereza y respeto”. “No niego que haya sido infalible. Puedo decir con tranquilidad que jamás actué por algo que no sea el cumplimiento de la ley. No hubo sesgo por razones políticas de género o de otra naturaleza. Jamás perseguí a nadie, aseveró.

“Actúe con el mismo norte apegado a la ley”, sostuvo Di Santo y agregó: “Aguanté todas las críticas que podía aguantar. Sin salir a contestar agravios de ninguna naturaleza”.

“Después de este proceso sigo con la conciencia tranquila porque sé por qué tomé cada decisión. Nunca respondí a prejuicios ni a intereses ocultos ni a arbitrariedades sino al deber como fiscal y es lo que me llevo adelante en esta y otras causas. He dedicado toda mi vida a esto y lo hice con aciertos y errores pero con compromiso y con respeto por la ley”, remarcó.

Finalmente, rechazó la acusación.

Por su parte, el fiscal Miralles dijo: “A la familia Macarrón me manejé siempre con el mayor de los respetos. Les otorgué cada una de las garantías procesales. Nunca fijé un acto procesal sin avisarles para que estuvieran presentes. Así actúo en todas las causas que me toca intervenir”.

Afirmó Miralles: “Agrego que investiguemos para imputar, no imputar para investigar. La pista «obvia» de Bárzola no estaba latente, lo dijeron los testigos acá. Resulta evidente que no existía sospecha obvia sobre Bárzola”.

“Después de 10 años de investigación me dispuse a investigar el círculo íntimo, atendiendo el ADN en la escena del crimen, otro tipo de pruebas, testimonios de todos los forenses… Este fiscal investigó el círculo íntimo. En esa dirección enfoqué mis esfuerzos. Niego rotundamente haber incurrido en mal desempeño o negligencia”, remarcó.

“La prueba fue contundente. Nada se nos puede endilgar a los fiscales”, aseveró Miralles.

LA VOZ